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Aunque a algunos les parezca increíble, en Estados Unidos el DNI (o la cédula, como se le conoce en otros países de Latam) no existe. No hay un registro nacional de identidad ni un carnet único: la identificación cotidiana la resuelven las licencias de conducir y las tarjetas que emite cada estado, con diseños y requisitos propios. Su inexistencia parte de una raíz histórica: el país nació de una desconfianza hacia el poder central, y cada intento de crear una identificación nacional chocó con la idea, extendida en ambos partidos, de que un documento único le daría demasiada visibilidad al Estado sobre el ciudadano.
Lo más parecido a un identificador nacional es el número de Seguro Social, creado en 1935 para registrar los aportes de los trabajadores. Aunque no fue pensado como documento de identidad: durante décadas, las tarjetas llevaron impresa la leyenda «Not for identification» («no para identificación») y la tarjeta no lleva foto, no acredita ciudadanía y no es obligatorio tramitarla al nacer. Con el tiempo, el Ejército, el fisco, los bancos y los empleadores lo adoptaron como identificador de facto, al punto de que hoy resulta difícil trabajar o abrir una cuenta sin él. Los organismos federales advierten que ese uso extendido, para el que el sistema nunca fue diseñado, alimenta el robo de identidad, un delito bastante común en Estados Unidos.
Cualquiera que haya visto una película gringa, ha notado que el documento que más usan los estadounidenses para identificarse nació para otra cosa: manejar. A medida que el país se motorizó, la licencia de conducir con foto se volvió el comprobante cotidiano, sin embargo su implementación tenía un problema intrínseco, cada estado tenía sus propios datos y diseños; tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuyos autores habían aprovechado la fragmentación del sistema para obtener licencias en varios estados, el Congreso aprobó en 2005 la ley REAL ID, que fijó requisitos federales mínimos para las licencias aceptadas para fines oficiales, como abordar un vuelo o entrar a una instalación federal. La exigencia plena rige desde mayo de 2025.
Votar sin padrón nacional
Esta dispersión impacta necesariamente en el proceso electoral. El voto es voluntario y la inscripción también: cada estado administra su propio registro y define qué se le pide al votante en el cuarto oscuro. Según el relevamiento de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL, por sus siglas en inglés), 36 estados piden o exigen alguna identificación para votar (24 de ellos, un documento con foto), mientras 14 estados y el Distrito de Columbia verifican la identidad por otros medios, como la firma. Quien se muda de estado debe inscribirse de nuevo, y quien no se registra directamente no vota.
¿A quien perjudica este sistema?
Una encuesta de la Universidad de Maryland y la organización VoteRiders, la primera de su tipo en casi veinte años, estimó en 2023 que casi 21 millones de ciudadanos en edad de votar no tienen una licencia de conducir vigente, y que otros 28 millones tienen una con datos que ya no coinciden con su dirección o su nombre actual. La brecha tiene cara: un relevamiento del Brennan Center for Justice encontró que entre los ciudadanos afroamericanos la falta de un documento con foto alcanzaba a uno de cada cuatro, contra menos de uno de cada diez entre los blancos. Los casos de fricción son cotidianos: el estudiante cuyo carnet universitario no es aceptado en Texas, donde sí vale una licencia de armas, la mujer que cambió de apellido al casarse y cuyos documentos no coinciden, el jubilado que dejó de manejar.
Estos casos pueden impedir o al menos dificultar el ejercicio del derecho a voto a miles de personas. Y muchos políticos aprovechan para intentar que determinados grupos de personas que electoralmente no les son afines, le sean cada vez más difícil votar.
En 2008, la Corte Suprema avaló la ley de Indiana que exige foto para votar, y en 2013 liberó a los estados con historia de discriminación de la obligación de pedir autorización federal antes de cambiar sus reglas electorales; desde entonces, esas leyes se multiplicaron. En 2016, un tribunal federal anuló la de Carolina del Norte por apuntar a los votantes negros «con una precisión casi quirúrgica». En febrero de 2026, la Cámara de Representantes aprobó por 218 votos contra 213 la ley SAVE America, que exigiría una prueba documental de ciudadanía, un pasaporte o una identificación REAL ID que la indique, entre otras opciones, para registrarse como votante en elecciones federales. Los republicanos la presentan como una garantía contra el voto de no ciudadanos, ya prohibido por la ley federal; los demócratas advierten que muchos ciudadanos no tienen esos documentos a mano y podrían quedar fuera del registro. El proyecto aguarda tratamiento en el Senado.
El martes 3 de noviembre, en cualquier caso, los estadounidenses votarán con reglas que fijan los cincuenta estados y el Distrito de Columbia, distintas entre sí y cambiantes con los años, y sin que nadie les pida un documento que el país nunca tuvo.
Fuentes consultadas: Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL), Servicio de Investigación del Congreso (CRS), Ley REAL ID de 2005 y Registro Federal de Estados Unidos, Administración del Seguro Social, Brennan Center for Justice, Universidad de Maryland y VoteRiders.
