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La oposición intentará este jueves juntar quórum en el recinto de la Cámara de Diputados para abrir la sesión especial convocada para voltear el DNU 70 y votar los proyectos de emergencia en discapacidad y alivio de la morosidad familiar, aunque sin abrigar grandes expectativas, a sabiendas de que no dan las cuentas.
La convocatoria, prevista para las 14, se pinchó en la última semana por tres factores: el fallo de la Corte Suprema que reflotó la vigencia de la norma que limita la extranjerización, la voltereta del oficialismo que busca restituir la Ley de Tierras al incluirla en el dictamen sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y la sesión confirmada para el 21 de octubre con un temario que interesa a la oposición dialoguista, como discapacidad y endeudamiento.
Al momento, el bloque opositor solo puede garantizar la presencia de los diputados que firmaron el pedido de sesión: los representantes de Unión por la Patria, del Frente de Izquierda, de un sector mayoritario de Provincias Unidas, los misioneros de Argentina Federal, algún salteño como Bernardo Biella, los puntanos de Primero San Luis, Marcela Pagano y Natalia de la Sota.
«Estamos en 120, 123. Si tenemos que morir con las botas puestas, lo vamos a hacer, y que queden expuestos los que quieren que siga el DNU 70. Les aviso a todos ellos que la Justicia no decidió la cuestión de fondo sobre la ley de Tierras», advirtió un diputado nacional de Unión por la Patria.
Qué caería si el DNU se derrumba
Si el curso opositor prosperara, no solo se caería la derogación de la Ley de Tierras, sino también la de las leyes de Alquileres, Góndolas y Abastecimiento; se desmoronaría la política de cielos abiertos, se revertiría la quita de controles a la industria de telecomunicaciones satelitales y volvería el control de precios a las empresas de medicina prepaga.
En un trámite exprés en la Cámara de Diputados, el oficialismo incluyó en el dictamen de mayoría del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada la ratificación de la Ley de Tierras, la norma sancionada a fines de 2011 a instancias de un proyecto de Cristina Kirchner que pone límites a la extranjerización del territorio y que el propio Gobierno había derogado dos años y medio atrás a través del DNU 70/23.
Al oficialismo le alcanzó un acuerdo con el PRO y la UCR para consensuar un texto de mayoría con 34 firmas que incorpora un artículo que deja sin efecto la derogación del DNU 70/2023 y otro que restituye la vigencia plena de la Ley 26.737. El proyecto, que ya tenía media sanción del Senado, se tratará en el recinto el 21 de octubre; si se aprueba con cambios, deberá volver a la Cámara alta.
Cómo se gestó la ratificación
La voltereta se produjo a contrarreloj. El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General se reunió apenas 24 horas antes de la sesión convocada por la oposición para derogar el mega decreto desregulador que Javier Milei firmó al inicio de su gestión, según reconstruyó Infobae.
El antecedente inmediato fue el fallo de la Corte Suprema que, mediante una cautelar de excombatientes de Malvinas, repuso temporalmente la vigencia de la ley de tierras y dejó al Gobierno en alerta: el peronismo empezó a juntar voluntades para alcanzar los 129 diputados necesarios y voltear el DNU. Fue el diputado Miguel Pichetto quien propuso públicamente la salida: «Si el Gobierno quiere defender la soberanía, que lo demuestre: que incluya en la Ley de Soberanía el restablecimiento de la Ley de Tierras y deje sin efecto» el artículo del decreto que la derogaba, tuiteó, según contó La Política Online. El presidente de la Cámara, Martín Menem, empezó entonces a sondear a los aliados.
Ya en el plenario, fue el radical correntino Diógenes González quien formalizó la propuesta de incluir los dos artículos que dejan sin efecto la derogación y restituyen la ley, y ofició de miembro informante del dictamen de mayoría. González mencionó a la Ley de Tierras como un asunto que generó una «gran conmoción pública».
De esa manera, los diputados «dialoguistas» que defienden la Ley de Tierras pero no querían ir contra todo el mega decreto encontraron una vía de escape a medida: desde el oficialismo advertían que la derogación total del DNU 70 generaría un caos administrativo y procesal, dada la cantidad de sectores que desreguló.
Al culminar la reunión, Unión por la Patria firmó un dictamen de rechazo junto a los misioneros de Argentina Federal Alberto Arrúa y Yamila Ruiz, mientras que Provincias Unidas y la Coalición Cívica rubricaron su propio despacho conjunto. «¿Van a reponer una ley sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner? ¿Van a retroceder en chancletas?», cuestionó la diputada peronista Paula Penacca.
Qué vuelve a regir
La ley aprobada en diciembre de 2011 establece que una persona física o jurídica extranjera no puede ser titular de más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia ni de cada departamento. Además, una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% del cupo de tierras habilitado para extranjeros, y restringe la adquisición de tierras rurales con cuerpos de agua relevantes y en zonas de seguridad de frontera.
