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El DNU 70/2023 vuelve al centro de la disputa en Diputados: la oposición busca rechazar el decreto completo y el oficialismo intenta llevar el debate a una sesión con su propio temario. El fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras modificó esa negociación al restablecer de forma provisional los límites a la compra de campos por extranjeros.
La Cámara confirmó dos convocatorias: el jueves 15 de octubre a las 14, pedida por la oposición, y el miércoles 21 a las 12, impulsada por La Libertad Avanza. Ambas siguen vigentes. Para entender qué se discute, hay que separar el control parlamentario del decreto, las decisiones judiciales sobre artículos concretos y los proyectos de ley que pueden cambiar ese régimen.
Qué es el DNU 70
Un decreto de necesidad y urgencia es una norma dictada por el Poder Ejecutivo que tiene contenido legislativo y queda sometida a controles del Congreso y de la Justicia. El DNU 70/2023, titulado «Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina», fue firmado por Javier Milei el 20 de diciembre de 2023 y publicado al día siguiente. Modificó y derogó numerosas normas sobre actividades económicas y relaciones contractuales.
Su alcance reúne asuntos distintos, desde alquileres y regulaciones comerciales hasta trabajo, salud y tierras rurales. La discusión política tiene dos planos: el contenido de esos cambios y la decisión de hacerlos por decreto en lugar de debatir cada reforma como una ley. El Gobierno lo defendió como una respuesta a la crisis y parte de su programa de desregulación; sus opositores cuestionan tanto las medidas como el uso de una herramienta excepcional para un paquete amplio.
El artículo 154 derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. Esa ley fijaba límites a la titularidad extranjera, a la concentración por una misma nacionalidad y a la adquisición de determinados predios. Es la parte del decreto sobre la que intervino la Corte en el fallo del 9 de octubre.
Cómo se llega a esta instancia
El Senado rechazó el DNU el 14 de marzo de 2024 por 42 votos contra 25 y cuatro abstenciones, según su registro oficial. El rechazo de una sola Cámara no equivale a la derogación del decreto completo. La Ley 26.122 establece que el rechazo por ambas Cámaras implica su derogación y deja a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia.
El mismo régimen dispone que las Cámaras aceptan o rechazan el decreto: no pueden agregar, quitar o modificar artículos en esa votación. Para cambiar aspectos concretos, el Congreso puede usar sus facultades ordinarias y aprobar otras leyes. Esa diferencia explica por qué un proyecto sobre propiedad privada y el rechazo del DNU son vías distintas.
En paralelo, organizaciones y dirigentes promovieron acciones judiciales sobre la Ley de Tierras. El 29 de septiembre, la Corte rechazó por falta de legitimación la demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata. Ese fallo resolvió quién podía impulsar aquel reclamo; no declaró constitucional la derogación.
El 9 de octubre, la Corte examinó otra demanda, de fundamento ambiental, impulsada por la Asociación Civil Árbol de Pie, comunidades indígenas y Magdalena Odarda. Suspendió de manera interina los efectos del artículo 154 hasta que la Justicia federal de Bariloche se pronuncie sobre la legitimación y la cautelar solicitada. Cíclico explicó qué límites vuelven a operar y qué queda pendiente.
Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci formaron la mayoría. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia por considerar que correspondía remitir la causa sin dictar esa cautelar interina. La decisión preserva temporalmente la Ley de Tierras; la constitucionalidad de su derogación sigue sin sentencia definitiva.
Puja por el quórum y los temarios
La convocatoria del 15 de octubre fue encabezada por Germán Martínez, jefe de Unión por la Patria, y otros diputados. Incluye endeudamiento familiar, el rechazo del DNU 70 y la prórroga de la emergencia en discapacidad. Esteban Paulón, del socialismo, y Pablo Juliano, de Provincias Unidas, también insistieron en sesionar después del fallo.
La Libertad Avanza, cuyo bloque preside Gabriel Bornoroni, impulsó la sesión del 21. Según Parlamentario, el temario incluye Inviolabilidad de la Propiedad Privada, trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, vandalismo rural y la transferencia a Chaco del Centro de Acopio y Embarque Barranqueras. También contempla discapacidad y endeudamiento familiar.
Para abrir una sesión se necesitan 129 diputados. El oficialismo espera que los bloques dialoguistas no acompañen a la oposición el 15 y que las materias compartidas queden para el 21. La convocatoria oficialista no cancela la opositora ni demuestra que esta haya perdido el quórum. Esa disputa se definirá con la asistencia efectiva de los legisladores.
El fallo sobre Tierras cambia los incentivos de algunos diputados porque ofrece una protección provisional al reclamo que los acercaba a rechazar el decreto entero. La oposición que mantiene la convocatoria busca debatir el conjunto del DNU. El Gobierno intenta sostenerlo y discutir cambios más acotados mediante proyectos separados.
Protagonistas y decisiones pendientes
El Poder Ejecutivo defiende su programa de desregulación; Bornoroni conduce la estrategia parlamentaria oficialista y los bloques dialoguistas tienen un papel decisivo en la asistencia. Martínez, Paulón y Juliano figuran entre quienes sostienen la convocatoria opositora. Las posiciones expresadas hasta ahora no garantizan cómo votará cada bloque.
En el frente judicial, Árbol de Pie y los demás demandantes sostienen el reclamo ambiental; la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas apoya la protección temporal y mantiene su pedido de derogación del DNU. El CECIM impulsó otro expediente, basado en soberanía. Las movilizaciones y la incorporación de conjueces son parte de ese recorrido.
La propuesta de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con media sanción del Senado, está prevista para debate en comisiones el 14 de octubre. El oficialismo busca incorporar cambios sobre la adquisición de tierras por extranjeros. Cíclico contó su propuesta de reponer límites porcentuales.
Quedan abiertas tres decisiones: si Diputados reúne quórum y trata el rechazo del DNU; qué modificaciones legislativas consigue aprobar el Congreso; y cómo resuelve la Justicia el expediente ambiental. Un avance en una de esas vías no reemplaza automáticamente las otras.
