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El trámite del proyecto de «Defensa de la Soberanía Nacional», que lleva como mascarón de proa la narrativa por las Islas Malvinas, está encontrando más dificultades para avanzar en la Cámara de Diputados que las previstas por el oficialismo cuando el presidente Javier Milei presentó la iniciativa por cadena nacional hace más de un mes.
El aluvión de cuestionamientos hacia la mayoría de las reformas que contiene el articulado de la ley -aquellas que no refieren específicamente al régimen sancionatorio a empresas que depreden recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina- obligó al oficialismo a frenar la firma del dictamen en el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, que tuvo lugar este miércoles en la Cámara baja.
Por ahora, el Gobierno solamente aceptó retirar el artículo 111, que establece penas por «alterar procesos electorales», por «manipular la opinión pública» mediante «campañas de desinformación masiva» o por colaborar con campañas extranjeras de «sabotaje» al orden público.
Las críticas exceden al artículo retirado
Los focos de cuestionamiento se concentran también en las atribuciones excesivas de poder del Consejo de Seguridad, los protocolos de derribo de aeronaves y hundimiento de buques, y la falta de precisión técnica sobre los criterios para definir una «amenaza externa» o una «actividad terrorista», que podrían ser utilizados como pretexto para reprimir la disidencia interna.
Todavía queda tiempo para seguir negociando cambios, ya que el proyecto no fue incluido en la convocatoria a la sesión especial pedida por el oficialismo para el 21 de octubre. No obstante, desde La Libertad Avanza dejaron claro que no habrá cambios sustanciales y que se mantendrá el corazón del proyecto, basado en la reforma del sistema de seguridad nacional.
Las voces del debate
La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade advirtió que «el corazón de este proyecto tiene que ver con el control social y político» y que cristaliza «una deriva totalitaria». Por su parte, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman dijo que el proyecto del Gobierno está «basado en la dictadura de Onganía», mientras que el legislador socialista de Provincias Unidas Esteban Paulón alertó que el Gobierno pretende «crear un estado de sitio no legislado».
Por el oficialismo, Silvana Giudici pidió «dejar las diferencias políticas de lado» para apoyar las acciones del Gobierno ante el Tribunal del Mar, mientras que Patricia Vásquez dijo que todos deberían estar «firmando con las dos manos» el dictamen del oficialismo para «defender la patria».
