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El secretario general de la ONU, António Guterres, y ocho países miembros de la Corte Penal Internacional rechazaron las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra el tribunal. La respuesta diplomática plantea una disputa sobre cómo sostener la justicia internacional cuando una potencia busca limitar los recursos y las operaciones de la institución.
La decisión estadounidense, anunciada el 9 de octubre, alcanza a la CPI como institución. Cíclico explicó el alcance de las sanciones, las licencias y sus antecedentes. El nuevo frente es la reacción de los Estados que respaldan a la Corte y de las Naciones Unidas.
Respaldo de la ONU
Guterres calificó las medidas como un «grave golpe» a la búsqueda colectiva de justicia penal internacional y expresó preocupación por sus efectos sobre los mandatos de la Corte, según su portavoz, Stéphane Dujarric. ONU Noticias reprodujo su posición: respaldó la independencia de la CPI y pidió a los Estados cumplir sus compromisos bajo el derecho internacional.
La ONU también ratificó que continuará cooperando con el tribunal conforme al acuerdo de relación aprobado por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2004. La CPI es un tribunal creado por el Estatuto de Roma, distinto de la ONU; ese acuerdo regula la cooperación entre ambas instituciones.
Ocho países frente a Washington
Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido publicaron una declaración conjunta en la que reafirmaron su apoyo a la independencia, imparcialidad e integridad de la Corte. Todos son Estados parte del Estatuto de Roma.
Los firmantes lamentaron el anuncio de Estados Unidos y expresaron su desacuerdo. Reconocieron los preparativos de la CPI para seguir cumpliendo su mandato, pero advirtieron que las sanciones tendrán un impacto significativo en el trabajo del tribunal, su personal y sus familias si se aplican.
La declaración incluye un compromiso de diálogo con los Estados que no integran el tratado, de cara a la Asamblea de Estados Parte de diciembre de 2026. El texto expresa respaldo político y voluntad de cooperación; no anuncia una nueva garantía financiera ni un mecanismo específico para sortear las sanciones.
Recursos e independencia en disputa
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvo que Washington busca restringir las transacciones y los recursos de la CPI. Estados Unidos rechaza que el tribunal pueda investigar a sus ciudadanos y no es parte del Estatuto de Roma.
La Corte, por su parte, afirmó que seguirá actuando con independencia e imparcialidad. Su presidenta, Tomoko Akane, defendió el mandato de la institución y pidió apoyo a los países que la crearon. La presión afecta una cuestión operativa: los pagos, los proveedores y la cooperación necesarios para llevar adelante investigaciones y procesos.
Las reacciones de la ONU y de los ocho países suman apoyo diplomático. La continuidad del trabajo de la CPI dependerá también de cómo se traduzca ese respaldo en recursos y cooperación, dentro de las condiciones legales que describen las sanciones y las autorizaciones vigentes.
