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Estados Unidos incorporó este viernes 9 de octubre a la Corte Penal Internacional (CPI) a su lista de personas y entidades sancionadas. La medida amplía la presión que ya ejercía sobre jueces y fiscales: ahora alcanza a la institución con sede en La Haya, encargada de investigar genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión.
El Departamento de Estado justificó la medida en su rechazo a que la CPI procese a ciudadanos estadounidenses. En su comunicado de este viernes, sostuvo que ni la Corte ni sus Estados parte habían adoptado medidas para atender sus exigencias y planteó cortar recursos del tribunal para impulsar una solución diplomática. Estados Unidos no es Estado parte del Estatuto de Roma: lo firmó en 2000, pero nunca lo ratificó y en 2002 notificó que no se incorporaría, según el registro de la ONU. Esto no excluye por sí solo la competencia de la CPI sobre ciudadanos estadounidenses, ya que el Estatuto permite investigar genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en el territorio de un Estado parte o de uno que haya aceptado esa competencia, bajo los requisitos previstos en el tratado. Washington rechaza ese alcance.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) agregó a la CPI a la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas. El régimen bloquea bienes bajo jurisdicción estadounidense y restringe transacciones con personas y empresas de ese país, salvo las autorizaciones aplicables.
Aunque no equivale a una orden de cierre del tribunal ni anula sus decisiones judiciales, produce un riesgo operativo pues dificulta pagos, servicios y relaciones con proveedores que necesitan cumplir las normas estadounidenses.
Las excepciones a la resolución
El Tesoro emitió cuatro licencias generales. La licencia 13 permite determinadas operaciones necesarias para mantener o cerrar actividades, contratos y acuerdos hasta las 00:01 del 7 de abril de 2027, hora del este de Estados Unidos.
Incluye, entre otros conceptos, aportes de los Estados parte, salarios, seguros de salud, alquileres y servicios habituales. No extiende automáticamente esa autorización a otras personas sancionadas. Las otras licencias cubren ciertas telecomunicaciones y programas informáticos, pagos de pensiones y operaciones relacionadas con determinados detenidos.
Las licencias permiten sostener determinadas actividades de la Corte. Su alcance y duración condicionan los efectos de las sanciones.
Trump contra la CPI desde 2020
La primera administración de Donald Trump sancionó en septiembre de 2020 a la fiscal Fatou Bensouda y al funcionario Phakiso Mochochoko, en medio de su rechazo a las investigaciones sobre Afganistán y Palestina. Human Rights Watch explicó entonces que aquellas medidas podían afectar también a bancos, abogados y organizaciones que cooperaban con la Corte, aunque la institución no estuviera sancionada como tal.
Joe Biden revocó ese régimen en abril de 2021 mediante la orden ejecutiva 14022. El regreso de Trump reabrió la confrontación: en febrero de 2025 impuso sanciones contra el fiscal Karim Khan, después de las órdenes de arresto emitidas contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant por presuntos crímenes en Gaza, acusaciones que Israel rechaza.
Un reporte de Associated Press de mayo de 2025 documentó bloqueos de cuentas bancarias, pérdida de acceso al correo del fiscal y dificultades de cooperación con algunas organizaciones. Son antecedentes de efectos concretos de medidas similares, aun no se puede verificar que esas mismas interrupciones se hayan producido hoy.
La reacción de la CPI
La Corte calificó la designación institucional como una medida sin precedentes, posterior a sanciones contra trece jueces y fiscales. En su comunicado, la definió como un ataque al Estado de derecho y al principio de que nadie está por encima de la ley.
Su presidenta, Tomoko Akane, aseguró que continuará cumpliendo su mandato con independencia e imparcialidad. La CPI pidió a sus 125 Estados parte acciones concretas para garantizar los recursos necesarios. El reclamo pone el foco en la cooperación de los países que crearon el tribunal.
El respaldo europeo y de Países Bajos
La Unión Europea calificó el anuncio estadounidense como «profundamente lamentable» y aseguró que trabajará con la CPI para que continúe funcionando. En un comunicado de la Comisión Europea reproducido por la agencia chipriota CNA, el bloque se declaró dispuesto a adoptar las medidas necesarias para que la Corte investigue y juzgue crímenes de guerra y de lesa humanidad, y para proteger los intereses de los operadores europeos.
Países Bajos, sede del tribunal, también reafirmó su respaldo. Según Anadolu, el canciller Tom Berendsen calificó las sanciones como una nueva escalada indeseable y sostuvo que su país hará lo posible para garantizar el funcionamiento de la Corte, tanto como anfitrión como en su condición de Estado parte. También planteó explorar el diálogo con otros países durante el período de seis meses previsto para determinadas operaciones autorizadas.
Justicia internacional bajo presión
La disputa vuelve a mostrar un límite estructural: la justicia internacional depende de los Estados para sostenerse y ejecutar sus decisiones. En un análisis de mayo de 2023 en El Dipló, Mathias Delori examinó esa tensión a partir de la orden de arresto contra Vladimir Putin y recordó que la CPI no dispone de una fuerza policial propia.
La revista Nueva Sociedad también analizó la crisis del multilateralismo y la presión de Washington sobre instituciones internacionales como la CPI y la ONU, que aunque son instituciones diferentes su conflicto común es cuánto pueden sostener sus reglas cuando una potencia les niega apoyo o busca limitar su actividad.
La designación llegó el mismo día en que la exjueza de la CPI Navi Pillay ganó el Nobel de la Paz.
