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La Justicia Federal de Río Gallegos formalizó una nueva acusación por presunto lavado de activos y asociación ilícita contra Lázaro Báez. La fiscalía sostiene que el empresario dirigía desde la cárcel de Ezeiza una estructura que explotaba propiedades y otros bienes alcanzados por embargos y decomisos, y hacía circular los ingresos por fuera del control judicial, según la investigación a la que accedió Infobae.
Los cargos fueron presentados por el fiscal federal Julio Zárate, con intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), ante el juez Claudio Vázquez. La pesquisa ubica a Báez como presunto jefe de la organización y a su pareja, Claudia Insaurralde, y a Cristian Sebastián Ibáñez, conocido como «Budín», como dos de sus principales operadores.
La imputación suma un nuevo paso a la causa en la que fueron detenidos Insaurralde y otras personas. Las intervenciones telefónicas y la documentación reunida describen, de acuerdo con la acusación, instrucciones para administrar estancias, cobrar alquileres, mover maquinaria y distribuir fondos mientras Báez cumple su condena en Ezeiza.
Entre las operaciones bajo análisis aparecen contratos vinculados con Austral Agro, la explotación ganadera de establecimientos rurales y gestiones para conocer el destino de alquileres de departamentos de Río Gallegos. La hipótesis fiscal es que esos recursos se administraban mediante terceros y fuera de la supervisión de los tribunales que dispusieron las medidas sobre el patrimonio del empresario.
Báez fue dueño de Austral Construcciones, una de las principales contratistas de obra pública de Santa Cruz. Sus bienes quedaron sujetos a medidas judiciales en las causas conocidas como la Ruta del Dinero K y Vialidad. La nueva investigación busca establecer cómo siguieron siendo utilizados y quiénes participaron de esas operaciones.
Ante la consulta de Infobae, el entorno del empresario sostuvo que la actividad de las propiedades y empresas estaba facturada y que se habían designado personas para administrarlas por pedido judicial. Según el mismo medio, los imputados se negaron a declarar en la audiencia.
La causa se vinculó con otra pesquisa sobre una presunta organización dedicada al transporte de cocaína, en la que también aparece Ibáñez. Las escuchas de ese expediente llevaron a los investigadores a las conversaciones sobre el patrimonio de Báez.
Fuente: Infobae, información propia sobre la investigación y consulta al entorno de Báez.
