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La Corte Suprema suspendió provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado la Ley de Tierras Rurales. La decisión restablece de manera temporal las restricciones a la adquisición de campos por extranjeros mientras la Justicia federal de Bariloche examina el reclamo ambiental de la Asociación Civil Árbol de Pie y otros demandantes.
Alcance del fallo
La medida interina fue aprobada por Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia. Según Infobae, la Corte buscó asegurar la tutela judicial efectiva y evitar daños ambientales irreparables ante la falta de una respuesta de los tribunales inferiores.
La decisión es interina y la constitucionalidad de la derogación sigue pendiente de una sentencia definitiva. La suspensión rige hasta que el juzgado competente se pronuncie sobre la legitimación de los actores, es decir, su derecho a impulsar el reclamo, y examine la medida cautelar que solicitaron.
El 29 de septiembre, la Corte había rechazado la demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) por falta de legitimación. La Corte se pronunció allí sobre el derecho del CECIM a impulsar la demanda; la constitucionalidad del artículo del DNU quedó pendiente.
El nuevo planteo invoca la protección ambiental. Lo impulsaron Árbol de Pie, comunidades indígenas y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. La Corte distinguió esos fundamentos del reclamo de soberanía presentado por CECIM. Los distintos fundamentos requieren un examen procesal propio para cada caso.
Cíclico había contado la incorporación de los dos conjueces y el reclamo todavía pendiente. La novedad de este viernes es que esa integración ya produjo una decisión: frenar temporalmente los efectos de la derogación.
Qué límites vuelven a operar
La Ley 26.737 estableció un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales, aplicado también en los ámbitos provincial y municipal. Además, limitó la concentración por una misma nacionalidad y fijó un tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, con equivalencias para otras regiones. También estableció restricciones sobre predios que contienen o son ribereños de grandes cuerpos de agua permanentes.
El artículo 154 había eliminado ese régimen. Al suspender sus efectos, la Corte restablece provisoriamente esos controles. La continuidad de esos controles depende del avance de la causa y de las decisiones que adopte la Justicia.
Rosenkrantz consideró que la Corte no tenía competencia para disponer esa cautelar interina y que correspondía remitir la causa a Bariloche sin suspender el artículo. La mayoría eligió proteger temporalmente la situación mientras se resuelven los planteos pendientes.
La discusión convive con otros expedientes. Cíclico informó el rechazo de la cautelar de Pichetto y Massot, una decisión distinta de la adoptada en la causa ambiental.
Reclamos y vías pendientes
La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas sostuvo que la cautelar ofrece una protección urgente y temporal mientras continúa el conflicto de fondo. En un comunicado publicado este viernes, remarcó que la suspensión puede modificarse o levantarse a medida que avance el expediente.
La organización mantiene su reclamo de que se derogue el DNU 70/2023 y ratificó la convocatoria a movilizarse el 15 de octubre. Para la asociación, la discusión sobre los territorios y los derechos colectivos continúa en los tribunales, el Congreso y las calles.
Cíclico informó la adhesión de la CGT a la marcha universitaria del 15 de octubre. Esa convocatoria es parte de la agenda de movilizaciones de ese día, junto con los reclamos contra el DNU.
También sigue abierto el frente parlamentario: La Libertad Avanza propuso reponer límites porcentuales a la extranjerización antes de la sesión opositora del 15 de octubre. El proyecto busca modificar la legislación; la medida de la Corte preserva temporalmente el régimen anterior mientras avanza un proceso judicial.
Dos sesiones y una disputa por el quórum
Diputados formalizó dos convocatorias: la opositora del jueves 15 de octubre a las 14 y la impulsada por el oficialismo para el miércoles 21 a las 12. Según Parlamentario, la Secretaría Parlamentaria cursó ambos llamados a los legisladores. Las dos fechas están vigentes.
La oposición convocó para tratar endeudamiento familiar, el rechazo del DNU 70/2023 y una prórroga de la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. Unión por la Patria ratificó su intención de sesionar. El socialista Esteban Paulón y Pablo Juliano, de Provincias Unidas, también insistieron en esa convocatoria, según el reporte previo de Parlamentario.
La sesión pedida por Gabriel Bornoroni y otros diputados para el 21 incluye Inviolabilidad de la Propiedad Privada, trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, vandalismo rural y la transferencia a Chaco del Centro de Acopio y Embarque Barranqueras. También contempla discapacidad y endeudamiento familiar, bajo la expectativa oficialista de que esos asuntos queden sin tratar el 15.
Para abrir una sesión se necesitan 129 diputados. La convocatoria por sí sola no asegura esa asistencia. El oficialismo espera que los bloques dialoguistas no acompañen a la oposición el 15 y busca llevar el debate al temario del 21. La presencia efectiva de los legisladores definirá si esa estrategia funciona; el quórum opositor todavía no está resuelto.
La Ley de Tierras interviene en esa negociación porque el fallo ofrece una protección provisional a quienes reclamaban restablecer sus límites. La Corte suspendió un artículo específico del decreto, el 154. El Congreso tiene ante sí el posible rechazo del DNU completo y proyectos que pueden modificar la legislación sobre propiedad privada. Son decisiones distintas, con alcances y procedimientos propios.
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya tiene media sanción del Senado, está previsto para debate en comisiones el miércoles 14. El oficialismo busca incluir allí cambios sobre la compra de tierras por extranjeros. Su tratamiento no convierte la cautelar judicial en una solución definitiva: el expediente ambiental y la discusión legislativa continúan por vías separadas.
