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El Senado convocó para el miércoles 4 de noviembre a las 16 a un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano para tratar el proyecto de discapacidad que llegó de Diputados. El texto propone dar carácter permanente a un sistema de prestaciones, pensiones y controles que hoy tiene disposiciones ligadas a la emergencia.
La reunión se hará en el Salón Azul. El expediente CD18/26 ingresó al Senado el 22 de octubre, después de la aprobación en Diputados del día anterior. Su ficha conserva una carátula referida a la prórroga de la emergencia, mientras que el texto remitido por la Cámara baja establece desde su primer artículo un marco de fortalecimiento permanente del sistema.
El trámite llega en un momento de tensión por las pensiones. Como contó Cíclico, el Gobierno dejó sin efecto el restablecimiento para beneficiarios que no presentaron documentación. El proyecto que estudiarán los senadores fija requisitos y un procedimiento de auditoría con notificación y derecho a descargo.
Pensión y trabajo
La iniciativa establece una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo. Para acceder exige, entre otras condiciones, Certificado Único de Discapacidad y una evaluación de la situación socioeconómica. El requisito de ingresos se refiere a la persona solicitante, no al conjunto de su familia.
Quienes ya cobren la pensión podrían conservarla al conseguir un empleo formal o inscribirse en el régimen tributario correspondiente, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles. Por encima de ese límite se suspendería el pago. Si termina el empleo o el ingreso vuelve a quedar dentro del umbral, la persona podría solicitar la rehabilitación inmediata; el derecho se computaría desde la solicitud.
El texto ratifica reglas del sistema de prestaciones básicas y del empleo protegido. Para los programas de Salud destinados a personas con discapacidad, exige que el ingreso presupuestario por beneficiario no sea inferior en términos reales al del ejercicio anterior.
Auditorías y deudas con prestadores
Los controles periódicos utilizarían cruces de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER. Ante el incumplimiento de un requisito objetivo, la autoridad debería notificar de manera fehaciente a la persona e indicar el plazo para presentar un descargo antes de disponer una suspensión preventiva.
Una vez notificadas las causas de la suspensión, quienes consideren que cumplen los requisitos podrían solicitar la rehabilitación inmediata y provisoria hasta la resolución del caso.
Para las compensaciones pendientes a prestadores que hayan completado el trámite administrativo, el proyecto prevé un cronograma público dentro de los 30 días corridos desde su entrada en vigencia y la cancelación total dentro de los 90 días corridos. La reglamentación general tendría un plazo de 30 días hábiles desde la publicación de la ley.
El plenario es el próximo paso del tratamiento parlamentario. El proyecto todavía debe obtener la aprobación del Senado para convertirse en ley.
Fuentes consultadas: agenda oficial del Senado, expediente CD18/26 y texto aprobado por Diputados.
