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El juez federal Julián Ercolini le concedió a la República de Colombia la extradición de un ciudadano de ese país acusado de integrar una banda criminal dedicada a la comisión de homicidios y atentados: se trata de Brayan Ferney Cruz Castillo, de 30 años, señalado como partícipe del atentado en el que falleció el precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, en junio de 2025.
Cruz Castillo fue detenido en abril de 2026 en los Tribunales de la calle Paraguay al 1500 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego de que las autoridades recibieran información sobre su eventual ingreso a la Argentina a partir del análisis de direcciones IP que lo ubicaban en el país. El 20 de abril había aceptado suscribir un acuerdo de juicio abreviado ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28; en ese contexto, se puso en conocimiento del tribunal la existencia de una notificación roja de Interpol y del pedido de captura internacional emitido por Colombia en noviembre de 2025.
En el proceso intervino el auxiliar fiscal Martín Garrido, en representación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, a cargo de Eduardo Taiano, quien postuló que debía hacerse lugar a la extradición solicitada. El imputado está acusado en su país de concierto para delinquir agravado, terrorismo y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido. Ercolini ordenó, además, mantener su prisión preventiva.
El rol en la banda
Según la prueba reunida en la causa, la organización criminal tenía una división funcional de roles y se dedicaba a la ejecución de homicidios selectivos y atentados terroristas mediante armas de fuego y artefactos explosivos, con el objetivo de «generar miedo, zozobra y pánico en la población, alterando el orden público, la estabilidad institucional y la seguridad colectiva».
Garrido explicó que la participación de Cruz Castillo se habría dado como «marcador, vigilante y transportador» dentro de la banda, entre enero y el 20 de junio de 2025 en Bogotá. Entre fines de mayo y principios de junio de ese año, los jefes de la organización habrían ordenado la ejecución de un atentado con la instalación de una «bomba lapa» en el vehículo de Uribe Turbay, y el 3 de junio los integrantes se habrían reunido para reafirmar el plan criminal y las funciones de cada miembro.
Según los investigadores colombianos, Cruz Castillo fue el encargado de «ubicarse estratégicamente en el lugar de salida de la víctima, realizar seguimiento visual directo, identificar el vehículo en el cual se movilizaba y transmitir de manera oportuna la información a los demás integrantes», permitiendo la intervención de quienes instalarían el artefacto. En la exposición fiscal se señaló que los delitos podrían subsumirse en la Argentina en las figuras de asociación ilícita agravada en concurso real con acopio y fabricación de armas, agravadas por la finalidad de aterrorizar a la población.
