Los gastos de capital del Estado nacional acumularon una caída del 10% en términos reales en los primeros siete meses de 2026, según datos del Ministerio de Economía. El recorte no impacta de manera uniforme en el territorio: Tucumán, Catamarca, Salta y San Luis concentraron el 70% de los recursos transferidos a las provincias por este concepto, las cuatro gobernadas por mandatarios que mantienen una relación dialoguista con el Gobierno nacional.
El patrón no es nuevo. Desde el inicio de la gestión Milei, los fondos de obra pública se ejecutan en proporciones marcadamente diferentes según el vínculo político de cada gobernador con la Casa Rosada. Los provincias del norte y el Cuyo que apoyan o no confrontan con el Gobierno reciben más fondos; las que están en tensión con el Ejecutivo o que gobiernan la oposición reciben menos o directamente ven sus obras paralizadas. El caso más evidente es el de la provincia de Buenos Aires, que arrastra obras viales y de infraestructura social pendientes por miles de millones de pesos. El Gobierno justifica la distribución en criterios técnicos y de avance de obra, pero los números muestran una concentración difícil de explicar sin la variable política.
