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El Ministerio de Salud de la Nación fue allanado este martes por orden del juez federal Ernesto Kreplak, en el marco de la causa que investiga al menos 114 muertes vinculadas al fentanilo adulterado producido por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, propiedad del empresario Ariel García Furfaro.
En el operativo se secuestró documentación, registros de ingresos y egresos de personas al ministerio y dispositivos electrónicos de funcionarios. El objetivo era reconstruir los vínculos entre los ejecutivos de los laboratorios y los organismos de control del Estado entre 2024 y 2025.
En paralelo, la fiscalía a cargo de María Laura Roteta y Sergio Rodríguez presentó un requerimiento de detención contra dos exfuncionarias de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT): Nélida Agustina Bisio, exresponsable del organismo, y Gabriela Mantecón Fumadó, ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Ambas tenían a cargo el control de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo. Para la fiscalía, las irregularidades con las que operaban esas empresas solo fueron posibles gracias a «un manto de cobertura estatal».
El expediente se desarrolla bajo secreto de sumario. Bisio había presentado la renuncia en enero de este año, ocho meses después de que se detectara el primer lote contaminado, y el Ministerio de Salud informó en ese momento que la salida había sido «por motivos personales».
