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La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por la destitución de Eduardo Moliné O’Connor de la Corte Suprema de Justicia mediante el juicio político de 2003. El tribunal consideró que la remoción se basó en los criterios jurídicos expresados en sus fallos y vulneró la independencia judicial. La sentencia fue dictada el 20 de agosto y notificada este jueves.
La decisión también cuestionó la falta de una revisión judicial efectiva de la destitución y las consecuencias previsionales que tuvo para el magistrado, fallecido en 2014. Ordenó regularizar el régimen de pensión correspondiente, publicar el fallo y pagar reparaciones a su familia.
De la Corte de Menem al juicio político
Moliné O’Connor llegó al máximo tribunal en 1990, durante la presidencia de Carlos Menem. Integró la llamada «mayoría automática», el grupo de jueces cuyos votos acompañaron decisiones centrales del gobierno menemista. Permaneció en la Corte hasta que el Senado lo removió por mal desempeño en diciembre de 2003.
La destitución se produjo durante la renovación del tribunal impulsada por Néstor Kirchner al comienzo de su presidencia. La Cámara de Diputados formuló nueve cargos vinculados con decisiones en las causas Meller, Magariños y Macri. La remoción terminó apoyándose en dos cargos relacionados con Meller, un expediente por un laudo arbitral contra el Estado que la Corte había decidido no revisar.
El Congreso cuestionó que Moliné O’Connor hubiera contribuido con su voto a legitimar un procedimiento administrativo considerado fraudulento y que no ejerciera el control de constitucionalidad. El exjuez sostuvo que se lo estaba sancionando por el contenido de una decisión judicial.
Qué examinó el tribunal internacional
Al revisar el proceso, la Corte Interamericana entendió que no se habían demostrado conductas ilícitas deliberadas ni una negligencia inexcusable, sino un desacuerdo con la interpretación jurídica de la Corte Suprema. Según la sentencia reseñada por Palabras del Derecho, utilizar esos criterios como fundamento de la destitución afectó la autonomía de la función judicial.
El tribunal también observó decisiones sin motivación suficiente durante el juicio político, entre ellas el rechazo de recusaciones y la suspensión preventiva sin haberes. A ello sumó que la Corte Suprema argentina no había respondido adecuadamente las objeciones planteadas contra el proceso de remoción.
El fallo no elimina el mecanismo de juicio político. Establece que debe desarrollarse con garantías de debido proceso y criterios que limiten la discrecionalidad política, y que debe existir una revisión judicial cuando se denuncia una afectación a la independencia de los jueces.
La pensión y la reparación a la familia
Después de su destitución se revocó la pensión vitalicia que le correspondía a Moliné O’Connor por haber integrado el máximo tribunal. El proceso iniciado para cuestionar esa decisión se extendió durante más de una década, otra de las demoras que examinó la Corte Interamericana.
La resolución reconoció violaciones a las garantías judiciales, la protección judicial y los derechos políticos, de propiedad, de trabajo y de seguridad social. Dispuso la regularización del régimen previsional, con los eventuales derechos de sus beneficiarios, y reparaciones por daños materiales e inmateriales, además de costas y gastos.
Moliné O’Connor murió el 20 de agosto de 2014. La continuidad de su reclamo en el sistema interamericano llevó el caso desde la Comisión Interamericana hasta la Corte, que ahora declaró la responsabilidad internacional del Estado argentino y ordenó medidas en favor de sus herederos.
