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El Gobierno argentino rechazó la decisión de Irán de declarar organizaciones terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea nacionales. La Cancillería sostuvo que la medida «carece de todo fundamento» y la calificó como una «acusación inadmisible» contra instituciones subordinadas a la Constitución Nacional.
En su respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que ambas fuerzas actúan con respeto a las leyes nacionales, al derecho internacional, a los tratados y a la soberanía de los Estados. También recordó que la Justicia argentina atribuyó responsabilidad a Irán por los atentados contra la Embajada de Israel de 1992 y la AMIA de 1994, y volvió a reclamar cooperación para que los acusados comparezcan ante los tribunales.
La Cancillería cuestionó el incumplimiento de las órdenes internacionales de detención y la designación en cargos de alta responsabilidad de personas requeridas por la Justicia. «Tres décadas después, los acusados no han comparecido ante la justicia argentina», señaló el comunicado. El Gobierno reafirmó su solidaridad con las víctimas, sus familiares y la comunidad judía.
Irán anunció que designó a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas como organizaciones terroristas. Su Ministerio de Asuntos Exteriores presentó la decisión como una respuesta a la medida adoptada por el gobierno de Javier Milei contra el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
La Cancillería iraní calificó la decisión argentina de «hostil y contraria a los principios fundamentales del derecho internacional». Sostuvo que su respuesta se apoya en el principio de reciprocidad y en la legislación nacional que prevé contramedidas frente a la inclusión de la Guardia Revolucionaria en listas de organizaciones terroristas.
La norma citada por Teherán contempla acciones equivalentes contra países que acaten o apoyen las medidas de Estados Unidos contra el cuerpo militar iraní. En ese marco, el comunicado responsabilizó al gobierno argentino por las consecuencias de su decisión y remarcó que la Guardia Revolucionaria forma parte de las Fuerzas Armadas de Irán.
La Oficina del Presidente había anunciado el 31 de marzo la designación argentina contra la Guardia Revolucionaria. Esa definición se inscribió en el acercamiento de la administración Milei a Washington y en el pedido del gobierno de Donald Trump a sus aliados para que incluyeran a la organización iraní y a Hizbulá en sus listas de terrorismo.
