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Federico Andrés «Fred» Machado fue condenado a seis años de prisión en Estados Unidos por conspiración para lavar activos y para cometer fraude electrónico. El juez federal Amos L. Mazzant, del Distrito Este de Texas, aceptó el acuerdo de culpabilidad que el empresario argentino había negociado con la Fiscalía después de su extradición en noviembre de 2025.
La sentencia impuso 72 meses de cárcel por cada delito, pero ordenó que se cumplan en simultáneo. La pena total es de seis años, no de doce. Cuando salga de prisión, Machado deberá cumplir otros tres años de libertad supervisada.
El magistrado también rechazó las objeciones de la defensa y desestimó, a pedido de los fiscales, decenas de cargos de la acusación original y sus ampliaciones. La condena quedó concentrada en los dos delitos económicos que Machado reconoció. El acuerdo permitió retirar el cargo por narcotráfico internacional.
La restitución a las víctimas sigue pendiente
El tribunal todavía no fijó cuánto deberá devolver el empresario a las víctimas. Para discutir ese punto convocó a una nueva audiencia el 17 de febrero de 2027, en Sherman, Texas. Además, le impuso una multa y una evaluación especial de 100 dólares por cada cargo, según la documentación judicial consultada por La Nación.
La investigación reconstruyó un esquema de captación de inversores mediante operaciones fraudulentas de compraventa de aviones. Entre las maniobras figuraban contratos por aeronaves que no estaban disponibles para la venta o pertenecían a terceros, con fondos desviados hacia otros fines.
Machado fue detenido en la Argentina en abril de 2021 y extraditado a Estados Unidos en noviembre de 2025. Sus allegados sostienen que el tiempo que pasó bajo custodia en el país debería descontarse de la condena y por eso esperan que recupere su libertad pronto. Esa expectativa no constituye una fecha de salida fijada por la sentencia.
El vínculo con José Luis Espert
El caso tiene repercusión en la política argentina por el financiamiento y los aviones que Machado facilitó a la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019. En el expediente estadounidense figura una transferencia de 200.000 dólares a favor del exdiputado, realizada en enero de 2020.
Espert sostuvo que ese dinero era la primera cuota de un contrato de consultoría por un millón de dólares vinculado a un proyecto minero en Guatemala, que no se concretó por la pandemia. En la causa argentina, el juez federal Lino Mirabelli lo procesó en octubre por presunto lavado de activos, le impuso un embargo de 1.000 millones de pesos y le prohibió salir del país. Espert apeló y negó haber cometido un delito.
Foto de contexto: edificio federal Paul Brown, en Sherman, Texas. Carol M. Highsmith, 2019. Library of Congress, sin restricciones conocidas de publicación.
