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La Fiscalía General de Paraguay dispuso la apertura de tres causas penales por denuncias relacionadas con Ueno Bank que involucran al presidente Santiago Peña y a otras autoridades. La resolución FGE 4474, firmada por Emiliano Rolón Fernández, ordena investigar la supervisión y resolución de la entidad y la colocación de fondos públicos.
La decisión abre una causa por cada una de las tres denuncias recibidas. Una amplía la presentación contra Peña del 22 de octubre de 2025; otra fue formulada por senadores contra autoridades del Poder Ejecutivo y organismos de control; la tercera fue presentada por el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera Chávez.
En el plano político, el Senado rechazó la prórroga de 72 horas que Peña había pedido para preparar su defensa y lo convocó a comparecer para continuar el juicio político. El resultado fue de 39 votos en contra, tres a favor y dos abstenciones. El desarrollo de esa votación y el trámite de la renuncia se encuentran en la nota de Cíclico sobre la Presidencia.
Qué hay detrás de la crisis
El Banco Central del Paraguay inició el procedimiento de resolución de Ueno tras comprobar que su índice de solvencia había quedado por debajo del 50% del mínimo requerido. Según el comunicado oficial, la insuficiencia surgió después de ajustes a sus estados financieros durante el proceso de regularización.
El problema es la capacidad patrimonial del banco para respaldar sus riesgos. El procedimiento dispuesto por el BCP busca verificar los activos y pasivos, preservar los bienes de la entidad y ordenar la protección de los depositantes conforme a la Ley 2334/03.
Las denuncias no se limitan al estado del banco: cuestionan cómo lo supervisó el regulador y por qué distintas instituciones colocaron recursos públicos en él. La ampliación contra Peña menciona expresamente la actuación del BCP y de las entidades públicas depositantes. La otra denuncia alcanza al presidente, al vicepresidente, al exministro de Economía y a autoridades y exautoridades del BCP, el Instituto de Previsión Social y la Seprelad.
Las alertas y los vínculos bajo examen
ABC Color informó sobre advertencias previas dentro del BCP por créditos a empresas vinculadas, préstamos sin garantías reales y observaciones sobre la solvencia. La investigación periodística señala que las alertas se acumularon durante 2025 y 2026 y que el sumario administrativo se abrió en septiembre.
Carlos Carvallo, que había presidido Financiera Ueno antes de conducir el Banco Central, presentó su renuncia en medio de la crisis. Las preguntas sobre conflictos de intereses, controles y exposición de fondos previsionales también alimentaron el juicio político contra Peña. Ese proceso parlamentario tiene su propia tramitación, desarrollada en la cobertura de Cíclico sobre la Presidencia.
Quiénes investigarán
La resolución asigna las nuevas causas a los fiscales Elena Fiore Franco, Silvia González Véster y Christian Manuel Cáceres, bajo la dirección de González Véster y la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín. Los hechos y las responsabilidades deberán determinarse a partir de las pruebas reunidas.
Existe además una investigación previa sobre los directivos del banco, iniciada a partir de una denuncia del BCP. La Fiscalía informó en esa causa que analizaba hipótesis de lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis y estafa. Las tres nuevas presentaciones amplían el foco hacia la supervisión y el uso de recursos estatales.
Los ahorros y la garantía
El BCP informó que el Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 75 salarios mínimos por depositante y por entidad, equivalentes entonces a 228.300.000 guaraníes. No se multiplica el límite por tener varias cuentas. Para los saldos superiores, el organismo anunció el uso de los mecanismos previstos en la ley, sin garantizar una restitución total inmediata.
Fuentes de la actualización parlamentaria: comunicación del Senado; Página/12; Última Hora.
Fuentes: resolución FGE 4474 reproducida por La Nación; Banco Central del Paraguay; ABC Color, antecedentes de la supervisión; Ministerio Público, causa sobre los directivos.
