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Una jueza federal de Nueva York, Estados Unidos, frenó de forma cautelar la campaña de anuncios televisivos a favor de Donald Trump pagada con dinero del Gobierno. La orden dictada el domingo 11 de octubre impide nuevas emisiones y el uso de fondos de los contribuyentes para esos anuncios durante 14 días, según informó Common Cause, una de las organizaciones demandantes.
La jueza Jennifer L. Rochon fundamentó la decisión en una opinión publicada el lunes 12. El expediente cuestiona que recursos asignados al Departamento de Seguridad Nacional para seguridad fronteriza, tecnología y controles se hayan destinado a publicidad con el presidente, en las semanas previas a las elecciones legislativas de noviembre.
US$19 millones en anuncios
La documentación judicial registra una orden de compra de US$20 millones y unos US$19 millones ya utilizados en espacios publicitarios. La campaña fue presentada como anuncios de servicio público de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
El Gobierno sostuvo que la compra de espacios terminaba el domingo y que no tenía planes de adquirir más. La jueza rechazó que ese anuncio volviera abstracto el reclamo: el contrato y los fondos remanentes permitían reactivar las emisiones.
Una cautelar, no una sentencia definitiva
Rochon consideró que los demandantes habían demostrado una probabilidad clara y sustancial de éxito en su reclamo por el uso de recursos para fines no autorizados, además de un daño electoral urgente que no podría repararse después de la votación. La decisión suspende la publicidad mientras continúa el proceso; no resuelve de manera definitiva la demanda.
La causa fue impulsada por Common Cause, un sindicato de trabajadores de servicios y su comité político, y un candidato a legislador estatal de Alabama. La opinión judicial completa está disponible en Campaign Legal Center.
