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Las rachas de Duolingo, que premian abrir la aplicación todos los días, aparecen entre los ejemplos de la Digital Fairness Act (Ley de Equidad Digital), la propuesta que presentó la Comisión Europea para frenar las prácticas digitales que presionan a los usuarios. Según WIRED, la norma permitiría a cualquier consumidor desactivar funciones como las rachas de Duolingo y Strava o la reproducción automática de videos. Es una propuesta: todavía debe pasar por el Parlamento Europeo y por los Estados miembros.
Qué propone la Comisión
La propuesta prohibiría los llamados «dark patterns», prácticas de marketing manipuladoras como avisar falsamente que un producto está por agotarse para empujar la compra. También exigiría transparencia a los influencers sobre el contenido comercial, restringiría la publicidad y los precios personalizados dirigidos a menores y simplificaría la información previa a la contratación para las compras repetidas dentro de aplicaciones.
Diseño adictivo
La propuesta daría a los usuarios la opción de desactivar las funciones que incentivan el gasto excesivo o compulsivo, como los avisos persistentes. Según WIRED, el paquete incluye el derecho a interactuar con atención al cliente humana.
Precios y suscripciones
En las colas virtuales, las empresas deberían mostrar el precio vigente en tiempo real y el precio máximo posible, una medida que alcanza a plataformas de entradas como Ticketmaster. Las suscripciones digitales serían más fáciles de cancelar, y la propuesta pondría fin a las renovaciones automáticas no deseadas y a las pruebas gratuitas que se convierten en suscripciones.
Por qué ahora
Según la Comisión, alrededor del 60% de los europeos compra bienes o servicios en línea y quienes compran por internet tienen más de 60% más probabilidades de sufrir problemas que quienes compran en comercios físicos, de acuerdo con el Panel de Condiciones de los Consumidores de 2025. La Comisión estima que los consumidores de la UE ahorrarían hasta 13.700 millones de euros por año.
Según WIRED, el regulador tendría poder directo para investigar y multar a las empresas hasta el 6% de su facturación mundial, y las compañías de fuera de la UE deberían designar un representante legal en el bloque.
Fuentes: Comisión Europea; WIRED.
