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El Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA) cuestionó este viernes el proyecto de desregulación del cabotaje que impulsa el Gobierno nacional y advirtió que, de aprobarse, «dejará sin trabajo a trabajadores argentinos, sin lugar a dudas». En un comunicado, el secretario general del gremio, Mariano Vilar, pidió a los gobernadores del Litoral comprometerse con la defensa de la Marina Mercante y trasladar el reclamo al Poder Ejecutivo.
Qué propone el proyecto
La iniciativa, elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, junto al Ministerio del Interior, a cargo de Diego Santilli, modifica el régimen de navegación y comercio de cabotaje del Decreto-Ley 19.492/44 y habilita la operación de buques de cualquier bandera entre puertos argentinos, con el objetivo declarado de reducir los costos logísticos y ampliar la competencia. El Ejecutivo acordó cambios con los gobernadores del norte y prevé enviar el proyecto al Congreso.
El reclamo del gremio
Vilar advirtió en particular por la actividad arenera en Corrientes: «Les puedo garantizar que el barco que hoy está siendo reparado en un astillero paraguayo va a volver a extraer arena acá en Corrientes con bandera paraguaya si esta ley se aprueba», sostuvo, y recordó que una desregulación similar aplicada en la década del noventa dejó como resultado que «hoy Argentina no transporta un solo kilo de soja en barcos de bandera argentina».
El dirigente también cuestionó el impacto fiscal y económico: «¿Vamos a dejar que los dólares se sigan yendo de la Argentina? ¿Les vamos a pagar a empresas extranjeras para que transporten nuestra carga?», planteó, y desafió a los gobernadores a plantear al Ministerio de Economía «los cambios necesarios que hay que hacer con las cuestiones tributarias» para mejorar la competitividad sin perjudicar el empleo.
El antecedente del Paraná
La discusión llega después del conflicto por la hidrovía Paraná-Paraguay, la vía navegable por la que salen cerca del 80% de las exportaciones argentinas: en junio, el Gobierno adjudicó por 25 años la concesión del dragado y el balizamiento al consorcio integrado por la belga Jan De Nul y la argentina Servimagnus, la mayor privatización del mandato de Javier Milei, en un proceso cuestionado política y judicialmente que entró en vigencia en septiembre con peajes más bajos.
Fuentes: El Cronista · El Día · El País
