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Argentina y el Reino Unido cerraron sus alegatos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar por el proyecto petrolero Sea Lion, en aguas próximas a las Islas Malvinas. Los dos países dejaron presentados sus pedidos finales, fechados este miércoles: Buenos Aires reclamó medidas para impedir nuevas perforaciones e instalaciones de producción, mientras que Londres solicitó que se rechazaran todas las medidas provisionales argentinas.
El Tribunal informó que prevé leer su resolución el sábado 28 de noviembre, a las 12 de Hamburgo, las 8 de la Argentina. La fecha es tentativa, según el anuncio oficial publicado al término de las audiencias del 11 de noviembre.
Los jueces deben resolver si corresponde adoptar medidas urgentes mientras se constituye el tribunal arbitral previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
En el petitorio final argentino, firmado por el embajador Mario Oyarzábal, el país pidió que el Reino Unido adopte las medidas necesarias para que no haya nuevas perforaciones de explotación ni instalación de infraestructura de producción en la cuenca norte de Malvinas vinculadas con Sea Lion, tanto por el propio Estado como por personas o empresas bajo su jurisdicción o control.
También solicitó que Londres se abstenga de usar la información obtenida durante la exploración en perjuicio de los derechos argentinos; que deje de impedir el cumplimiento de las obligaciones de protección del ambiente marino; y que no tome otras medidas que agraven la controversia, en particular nuevas autorizaciones para explotar los recursos de la plataforma continental en disputa.
La posición argentina se apoyó en la urgencia de preservar esos derechos y evitar daños irreparables antes de que pueda actuar el tribunal arbitral. El planteo busca detener avances del proyecto durante esa espera, no obtener en esta instancia una decisión definitiva sobre el conflicto.
El escrito final británico, firmado por Sally Langrish, pide rechazar todos los requerimientos de medidas provisionales, por los motivos expuestos en las audiencias del martes y el miércoles. En su primera ronda, la defensa del Reino Unido cuestionó la jurisdicción porque considera que la controversia depende de la disputa de soberanía y negó que se hubieran acreditado urgencia y perjuicio irreparable. También sostuvo que una suspensión afectaría el desarrollo económico de los isleños.
Con ambos petitorios incorporados al expediente oficial del caso 37, el pedido de medidas provisionales sigue pendiente de resolución. El Tribunal entró en la etapa de deliberación y anunció el 28 de noviembre como fecha tentativa para la lectura de su orden.
