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El Senado avanzó este jueves con la firma del dictamen de reforma de la Ley de Salud Mental en las comisiones de Salud y de Legislación General, consensuado entre el oficialismo, la UCR, el PRO, Movimiento por Misiones y Moveré Santa Cruz. La Libertad Avanza quiere tratarlo en una sesión la semana próxima.
Según el texto consensuado, las internaciones involuntarias «ante riesgo grave de daño para la vida o la integridad física propia o de terceros» podrán ser resueltas por un solo médico si hay una emergencia; un equipo interdisciplinario tendrá 48 horas para revalidarlas, con la posibilidad de realizar teleconsultas con un psiquiatra, y la internación se comunicará a la justicia, ya que antes debía resolverla un juez. Además, deberá existir un plan de egreso desde el diagnóstico como requisito de internación y una notificación anticipada al representante legal, cónyuge conviviente, padres o hijos para coordinar las condiciones de egreso; se amplían las adicciones para que la ludopatía pueda ser considerada una enfermedad de salud mental; los menores deberán ser atendidos por equipos con formación infanto-juvenil e internados en lugares separados de los adultos; y se establece la cooperación económica entre la Nación y las provincias.
Arrascaeta señaló que el proyecto «fue debatido por más de 70 expositores invitados por legisladores de distintos bloques» y que «no se construyó de espaldas a la sociedad, sino con las provincias y los senadores». «Esta reforma es para dejar de llegar tarde y para que ninguna familia se sienta sola», manifestó.
Bullrich dijo que se reforma «un concepto respecto a qué sucede con personas con trastornos de salud mental que no están en condiciones de tomar decisiones, con situaciones de riesgo para ellas o terceras personas». «Hay una concepción mucho más preventiva, un cambio de paradigma para salvar la vida de personas con trastornos severos; es un avance respecto a la concepción del riesgo inminente que generalmente llega tarde», expresó, y pidió considerar el dictamen «porque no estamos cerrados y hemos escuchado a todos los bloques». El senador Carlos Arce (Movimiento por Misiones) respaldó el despacho y dijo que «las reformas que introducen resultan necesarias para mejorar la salud mental».
En la vereda opuesta, el senador justicialista Jorge Capitanich planteó postergar el debate para analizar los cambios, ya que la iniciativa «requiere un amplísimo consenso de los gobernadores y los ministros de Salud de cada área, de la capacidad de financiamiento y también remarcar el nivel de asignación de recursos humanos, para una problemática compleja».
La Libertad Avanza logró un acuerdo con la UCR, el PRO y los bloques provinciales para reformar la Ley de Salud Mental, un proyecto que permitirá las internaciones «involuntarias», elimina los manicomios e incorpora a las adicciones como enfermedades mentales.
El anuncio lo encabezó la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, en una conferencia junto a las presidentas de las comisiones de Salud, Ivanna Arrascatea, y de Legislación General, Nadia Márquez. Con los cambios acordados, el dictamen de comisión podría firmarse mañana y el proyecto tratarse en una sesión la próxima semana.
«Todos estos cambios hacen de esta una de las leyes más discutidas, trabajadas y modificadas», señaló Bullrich. Las comisiones de Salud y Legislación General fueron citadas para este jueves a las 15.30.
Entre los diez cambios que se introducirán al proyecto enviado por el Gobierno, los principales son que las internaciones involuntarias podrán ser dispuestas por un médico, sin necesidad de que sea psiquiatra; se establece un mecanismo de asistencia financiera con las provincias; se mantiene la eliminación de los manicomios y se incorporan las adicciones en general, con lo cual una persona podrá ser tratada por ludopatía.
La iniciativa modifica la ley aprobada durante el gobierno kirchnerista, que limitaba las internaciones contra la voluntad de los pacientes. Arrascatea recordó que la norma vigente tiene más de 15 años y que «desde 2019 se incrementaron en un 77% las internaciones en hospitales públicos de adolescentes». «Una mamá que nos quedó muy grabado fue que nos dijo que estamos llegando tarde», agregó.
Equipos interdisciplinarios y control judicial
Bullrich explicó que se incorporaron «equipos interdisciplinarios, con participación de psicólogos, psiquiatras y otros profesionales especializados; el reconocimiento del rol de los psicólogos en las evaluaciones y las altas; la capacitación permanente y la protección de los trabajadores de la salud».
También se restituye la cooperación técnica, económica y financiera con las provincias, se amplían de 24 a 48 horas los plazos para comunicar determinadas internaciones y se habilitan teleconsultas con psiquiatras en zonas donde no haya especialistas disponibles.
En las internaciones involuntarias, el juez será notificado y podrá solicitar informes o peritajes, pero no determinará por sí mismo la necesidad médica de internar a una persona; en las voluntarias se elimina directamente la notificación judicial.
Además, se delimitan los familiares habilitados para intervenir, se establece la obligación del Estado de brindar apoyo a quienes no cuenten con una red familiar, se prohíben las prácticas manicomiales, se incorporan planes de egreso y seguimiento para internaciones prolongadas y se reconocen las directivas anticipadas, que permiten expresar previamente la voluntad de aceptar o rechazar tratamientos.
