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La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la Ley de Educación Digital Integral (EDI) con 43 votos afirmativos y 13 abstenciones de La Libertad Avanza. La iniciativa incorpora contenidos sobre ciudadanía digital, inteligencia artificial, plataformas, privacidad y prevención de las violencias digitales en la educación porteña.
El texto reúne proyectos de distintos bloques y fue impulsado en la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, presidida por María Bielli. El dictamen de mayoría incorpora la EDI en los niveles obligatorios y modalidades de gestión estatal y privada, así como en las carreras de formación docente, formación profesional y educación superior técnica no universitaria dependientes del Gobierno de la Ciudad.
Diez criterios para la inteligencia artificial
El dictamen establece diez criterios para utilizar sistemas de IA: privacidad, transparencia, mejora educativa, pertinencia pedagógica, reflexividad, protección reforzada de datos, proporcionalidad y gradualidad tecnológica, centralidad del vínculo docente-estudiante, accesibilidad y evaluación de riesgos.
La incorporación de estas herramientas debe ajustarse a la edad y al desarrollo de los estudiantes. La IA no reemplaza la intervención docente en la construcción del conocimiento. También se plantea que las herramientas cuenten con una versión gratuita y accesible o que la institución garantice los recursos para evitar exclusiones económicas.
La evaluación previa y continua debe considerar riesgos técnicos, éticos, didácticos y cognitivos, incluidos los errores de los sistemas, sus efectos sobre el juicio crítico y los costos ambientales y energéticos.
Formación y acompañamiento
La propuesta incorpora contenidos obligatorios de EDI en la formación docente inicial y continua, prevé materiales didácticos abiertos y accesibles y garantiza conectividad y equipamiento para fines pedagógicos en establecimientos dependientes del Ministerio de Educación.
También contempla un referente de educación digital en instituciones públicas y privadas. En la gestión estatal, ese rol corresponde al Facilitador Pedagógico Digital. El dictamen otorga dos años a la autoridad de aplicación para completar la dotación prevista en su artículo 13.
Entre los objetivos figuran prevenir el grooming, el ciberacoso, la violencia de género digital, la difusión de imágenes sin consentimiento, el consumo problemático de tecnologías y las apuestas en línea. Se incluyen talleres para estudiantes y familias y la promoción de estudiantes referentes en las secundarias.
Encuesta y reglamentación
El dictamen prevé una encuesta sobre el vínculo con las tecnologías entre estudiantes de 11 a 18 años, con una periodicidad mínima de dos años. La primera aplicación debe realizarse dentro de los doce meses de entrada en vigencia. La participación es voluntaria y requiere consentimiento del adulto responsable y asentimiento de la persona encuestada.
El Poder Ejecutivo debe reglamentar la ley dentro de los 90 días desde su promulgación, según el dictamen aprobado en comisión. La aprobación legislativa fue informada de manera coincidente por las coberturas de la sesión; al cierre, el expediente público todavía no incorporaba la copia del texto sancionado ni el registro nominal de la votación.
Fuentes: expediente 1166-D-2025 y agregados; dictamen de mayoría del 27 de octubre; BAE Negocios y Ámbito.
