229 palabras
2 minutos de lectura
El diputado nacional Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, denunció que Harbour Energy —antes llamada Premier Oil PLC, misma persona jurídica inscripta en Reino Unido desde 2002— participa con el 15% en Southern Energy, proyecto al que el Gobierno aprobó beneficios del RIGI mediante la Resolución 559/2025, pese a una inhabilitación vigente hasta 2028.
La inhabilitación se basó en la Ley 26.659, por operar sin autorización en la plataforma continental argentina cerca de Malvinas. Ferraro señala que la norma alcanza a accionistas y controlantes, y que un cambio de denominación en 2021 no levanta las sanciones. Southern Energy contempla una inversión de 2.825 millones de dólares en los próximos diez años para exportar gas natural licuado desde Río Negro, con la construcción de infraestructura para dos buques de licuefacción. Además de Harbour Energy, integran Southern Energy Pan American Energy (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%) y Golar LNG (10%).
Ferraro exigió explicaciones al ministro Caputo y al canciller Quirno sobre cómo se aprobó el proyecto sin advertir la inhabilitación vigente, destacando que ningún acto administrativo puede ignorar una prohibición en curso. La denuncia llega en un momento de alta sensibilidad política: apenas días atrás, Milei anunció en cadena nacional una ofensiva contra empresas vinculadas a la explotación de recursos en las Malvinas, lo que hace que la contradicción señalada por Ferraro tenga un peso adicional.
