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Tras la presentación judicial de la semana pasada contra cinco empresas por explotar petróleo en las islas sin autorización argentina, la Oficina del Presidente confirmó que las denuncias penales se ampliarán para alcanzar también a los directores, gerentes, síndicos y representantes vinculados a esas actividades. La advertencia apunta a crear responsabilidad penal individual sobre los ejecutivos involucrados, no solo sobre las personas jurídicas de las compañías.
La escalada en la estrategia judicial del Gobierno coincide con el avance del proyecto Sea Lion de Navitas Petroleum, que ya anunció haber tomado la Decisión Final de Inversión para comenzar la extracción de crudo en la cuenca Malvinas Norte. El Ejecutivo busca que la Justicia investigue si la estructura corporativa de las empresas involucradas encuadra en los delitos de asociación ilícita y lavado de activos, lo que habilitaría el rastreo de fondos en el exterior mediante asistencia jurídica mutua internacional.
La ofensiva judicial se enmarca en la cadena nacional que emitió Milei la semana pasada sobre Malvinas, en la que prometió una política más activa en defensa de la soberanía sobre el archipiélago.
