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El Gobierno nacional oficializó la adjudicación del 90% de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) al consorcio integrado por Rowing S.A., Arcos Saneamento e Participações S.A., PHX Aqua AR B.V. y Transclor S.A. por USD 340,2 millones, en una licitación sin precio base definida por dos ofertas. La operación, concretada por la resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía publicada el jueves en el Boletín Oficial, quedó en el centro de las sospechas de la oposición: una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) cuestiona que la tasación de la empresa haya quedado bajo secreto, mientras este lunes una audiencia pública discutirá cambios en los coeficientes que definen las tarifas.
Qué se adjudicó
La resolución 1818/2026, firmada el 20 de octubre y publicada dos días después, adjudicó la licitación pública nacional e internacional 504/2-0003-LPU26 «de etapa múltiple, sin base» al consorcio de Rowing por USD 340.200.000 sin IVA. En segundo orden de mérito quedó el grupo integrado por Roggio Roas S.A.U. y otras cuatro firmas, que había ofertado USD 285 millones. La venta abarca la totalidad de las acciones estatales, el 90% del paquete accionario; el 10% restante pertenece a los empleados por el Programa de Propiedad Participada.
La resolución fija el 13 de noviembre como fecha límite para la firma del contrato de compraventa y deja constancia de que la tasación fue realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), en cumplimiento del artículo 19 de la ley 23.696, y de que las ofertas «se encuentran dentro de las proyecciones resultantes de dicha tasación». El monto de esa valuación no aparece en el texto publicado. El dictamen de evaluación de las ofertas no recibió impugnaciones dentro del plazo del pliego, según la misma resolución.
Las sospechas: una tasación reservada y una denuncia ante la PIA
Los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich y las diputadas Ana María Ianni y Florencia Carignano, integrantes de Unión por la Patria y de la Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, presentaron el 8 de octubre una denuncia ante la PIA contra el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher; el presidente del Tribunal de Tasaciones, Julio Villamonte; y autoridades del BICE, según informó La Política Online.
El planteo sostiene que el Gobierno desplazó al Tribunal de Tasaciones de la valuación de las empresas públicas: el decreto 450/2025 fijó un nuevo criterio de valuación por flujo de fondos descontados y una unidad del BICE quedó a cargo de las tasaciones. Además, según el planteo, la resolución 1/2026 de la Agencia de Transformación declaró reservados todos los informes de tasación y valuación vinculados con las privatizaciones, por lo que el Congreso no conoce cuánto vale la compañía. La presentación pidió que la PIA requiera esa resolución y los estudios técnicos, y que Economía no adjudicara hasta entregar la información. No hay pronunciamiento público de la PIA al respecto y la denuncia no acredita por sí misma irregularidad alguna.
Aportes de campaña y cruces empresariales
La consulta pública de aportes de la Cámara Nacional Electoral registra dos aportes de desenvolvimiento institucional a La Libertad Avanza de Capital Federal en julio de 2025: uno de Direct Group S.A. por $20 millones, declarado el 28, y otro de Lógico S.A. por el mismo monto, declarado el 29. El sitio DataClave vincula ambas empresas con Walter Román, titular de Rowing, la firma que encabeza el consorcio adjudicatario. La existencia de los aportes surge de los registros oficiales; la titularidad societaria corresponde a la reconstrucción de ese medio.
El defensor del Pueblo adjunto bonaerense, Walter Martello, apuntó además un posible conflicto de interés: Transclor, una de las firmas del consorcio ganador, es proveedora de insumos para la potabilización de AySA desde 2009 y su titular, Mauricio Filiberti, tiene vínculos societarios con Edenor, según publicó AgenciaNova. Martello presentó un amparo colectivo contra el procedimiento; el juzgado no acreditó una ilegalidad manifiesta.
Metas de cobertura y el debate por los números
Según el Ministerio de Economía, el contrato establece un Plan de Acción 2027-2031 con inversiones obligatorias por $2,89 billones a valores de diciembre de 2025, metas de cobertura para 2031 de 75,3% en agua y 63,9% en cloacas, y pisos de 90% y 75% al final de los 30 años de concesión. El cumplimiento será controlado anualmente por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) con certificación de un auditor técnico independiente.
Los cuestionamientos apuntan a que la meta de agua de 2031 es prácticamente igual a la cobertura ya existente: según los datos oficiales de AySA correspondientes a 2023, el servicio de agua potable llega a 11.351.535 personas de una población concesionada de 15.103.199 (un 75,2%) y las cloacas a 9.497.481 (un 62,9%). Es decir, la meta de agua a cinco años coincide con el nivel actual y la de cloacas exige algo más de un punto de mejora. El Gobierno sostiene, en contrapartida, que el esquema obliga a inversiones que la empresa estatal no realizaba y mantiene el nivel tarifario constante en términos reales durante el primer ciclo, con las excepciones previstas en el contrato.
Lo que se discute este lunes
El ERAS realiza este lunes 26 de octubre a las 10 una audiencia pública virtual sobre la propuesta de AySA de actualización de los coeficientes zonales y del ajuste del precio del metro cúbico de cloaca en el radio antiguo, conforme a la convocatoria de la resolución ERAS 41/26. La eventual modificación de esos coeficientes incide en cuánto paga cada usuario según su zona. La propuesta detallada puede consultarse en el expediente electrónico publicado por el organismo.
Fuentes: Resolución 1818/2026 (Boletín Oficial), Convocatoria ERAS, Ministerio de Economía, AySA, Cámara Nacional Electoral, La Política Online, Confidencial, DataClave, AgenciaNova
