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El Ministerio de Seguridad Nacional creó el programa «Los Más Buscados», que reunirá información de distintas bases oficiales y clasificará a las personas prófugas o evadidas de la Justicia para priorizar su localización y captura. La medida fue formalizada por la Resolución 1089/2026, publicada en el Boletín Oficial.
El sistema funcionará dentro del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE). Para ordenar las búsquedas tendrá en cuenta la naturaleza de los delitos imputados o por los que exista condena, las penas previstas o impuestas, los antecedentes de reincidencia y los vínculos con organizaciones criminales, entre otras variables.
Una base común para ordenar las búsquedas
El Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) y el Programa Nacional de Recompensas deberán aportar información de manera permanente y actualizada. La resolución también invita al Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de Justicia, a suministrar datos sobre antecedentes penales, rebeldías y órdenes de captura vigentes.
La iniciativa se suma al Programa Nacional de Recompensas y a la lista de personas buscadas del Ministerio de Justicia. En los fundamentos, Seguridad plantea que esas herramientas necesitan una mayor articulación para dirigir los recursos hacia los casos que considera de mayor riesgo para la seguridad pública.
Quiénes definirán las prioridades
Una Mesa de Evaluación de Casos reunirá a las áreas de lucha contra el narcotráfico, investigación criminal e investigaciones de delitos federales, junto con representantes especializados de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal. También podrán participar, como colaboradores, representantes de la Justicia, de los ministerios públicos y de otros organismos.
La Dirección Nacional de Gestión de Bases de Datos de Seguridad estará a cargo del desarrollo, mantenimiento y mejora del sistema y de las políticas de protección de datos. La resolución, firmada por la ministra Alejandra Monteoliva, entra en vigencia con su publicación y establece que no implica una erogación presupuestaria adicional para el Estado nacional.
Fuentes: Boletín Oficial, Primera Sección del 28 de octubre, páginas 78 y 79; Infobae.
