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La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal aceptó tratar una apelación del Poder Ejecutivo contra la intimación a cumplir la medida cautelar que ordena aplicar la ley de financiamiento universitario, según Clarín, que cita fuentes judiciales. Los camaristas consideraron que la decisión de denegar el recurso «es susceptible de generarle un gravamen irreparable a la parte demandada» y aclararon que no adelantan opinión sobre el cumplimiento de la cautelar.
La apelación de Santilli
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, apeló la multa diaria de $100.000 que le impuso el juez Martín Cormick por el presunto incumplimiento de la cautelar. Con el patrocinio de los abogados Adrián Maloney y Julio Virgolini, pidió suspender la ejecución de las astreintes hasta que la Cámara resuelva y planteó, de manera subsidiaria, que se revoque la decisión, según Infobae. Sostuvo que la sanción puede afectar «el principio republicano de separación de poderes» y que se dirigió a él sin «una intimación individualizada».
Según Clarín, la misma Cámara había suspendido de manera provisoria la aplicación de la multa por otra apelación del Ministerio de Capital Humano.
Qué piden las universidades y qué dice el Gobierno
El Consejo Interuniversitario Nacional pidió al juez que eleve el monto de la multa por considerarlo «exiguo» frente a las cifras involucradas, según Infobae.
Los abogados de Capital Humano sostienen que la ley se cumple: señalaron que aumentaron las becas estudiantiles y que hubo un incremento del 21,33% sobre los sueldos de mayo, según Clarín. Ese diario recuerda que la cautelar fue confirmada por la Cámara y por la Corte Suprema.
