423 palabras
2 minutos de lectura
El Tribunal Supremo de España mantuvo este lunes la suspensión cautelar de las nuevas inscripciones y de los efectos electorales de parte del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los nacionalizados mediante la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos. La decisión incide en las elecciones generales del 29 de noviembre.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazó las peticiones de la Abogacía del Estado y la Fiscalía para levantar la medida adoptada en septiembre. Según los dos autos recogidos por Europa Press, el tribunal considera que la Administración no acreditó el cumplimiento de la revisión de los expedientes que había ordenado.
La excepción para descendientes del exilio
La suspensión no rige para quienes obtengan una certificación de los registros consulares que acredite que, al 1 de agosto de 2026, cumplían la condición de descendientes de españoles que sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual y perdieron o renunciaron a la nacionalidad. Es la excepción que precisan los autos.
Por eso, el fallo no debe leerse como una exclusión sin excepciones de todas las personas que tramitaron la nacionalidad por esa ley. La medida afecta tanto a las nuevas inscripciones suspendidas como a los efectos electorales de inscripciones ya realizadas bajo las condiciones cuestionadas.
Qué significa la cifra de 163.020
El Supremo menciona 163.020 electores inscritos en el CERA que adquirieron la nacionalidad por esta vía. Señala que no se le informó cuántos expedientes habían sido separados tras verificar los requisitos. La cifra describe el conjunto citado por el tribunal; no permite afirmar que todos queden excluidos, dado que existe la excepción consular.
Un plazo ligado a la publicación en el BOE
Los afectados pueden personarse como parte codemandada y formular alegaciones sobre las medidas cautelares durante cinco días hábiles. El plazo se cuenta desde el día siguiente a la publicación de la decisión por el Gobierno en el Boletín Oficial del Estado (BOE), no automáticamente desde este lunes. La cobertura consultada no permite fijar aquí una fecha de vencimiento.
La posición disidente
La magistrada Alicia Millán formuló un voto particular. Considera que el adelanto electoral cambió el contexto de la medida y que debe prevalecer el derecho de participación política, ante el riesgo de que su afectación sea irreversible. La decisión de la mayoría mantiene una medida provisional dentro de una controversia pendiente, no una resolución definitiva sobre todos los expedientes.
Foto de archivo, Madrid, 27/11/2012: FDV / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Versión con color de Alonso de Mendoza; reducida para publicación.
