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La gestión de Milei rescindió 1.683 contratos de obra pública y transfirió otros 457 proyectos a provincias y municipios, completando la mayor liquidación de obras en ejecución de la historia reciente del país. El desmantelamiento avanzó en paralelo con un recorte presupuestario sin precedentes: el gasto en infraestructura cayó un 77% en términos reales desde noviembre de 2023, y el Presupuesto 2027 apenas destina el 0,4% del PBI a trabajos de obra pública, el nivel más bajo desde que existen registros comparables.
Las obras rescindidas incluyen proyectos en todo el país en sectores tan diversos como rutas y autopistas, hospitales, escuelas, plantas de tratamiento de agua y saneamiento, viviendas sociales e infraestructura hídrica. El gobierno justifica la medida en la necesidad de eliminar contratos sobrevaluados y obras que considera innecesarias o mal diseñadas, y señala que las provincias que reciban los proyectos transferidos podrán ejecutarlos con financiamiento propio o de organismos multilaterales. Los gobernadores, en cambio, advierten que muchos de esos proyectos no pueden financiarse sin el aporte nacional y que la transferencia es en la práctica una forma de cancelar las obras sin asumir el costo político directo.
