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El juez federal Martín Cormick intimó al Ejecutivo a cumplir en un plazo de cinco días hábiles la medida cautelar que ordena actualizar los salarios docentes y no docentes y los programas estudiantiles de las universidades nacionales, en línea con lo que establece la Ley de Financiamiento Universitario. El incumplimiento de la orden judicial podría derivar en sanciones al Estado, incluyendo astreintes —multas diarias— contra los funcionarios responsables.
La intimación llega después de que la UBA realizara una jornada completa de clases públicas en Plaza de Mayo y de que los gremios universitarios advirtieran que una quinta Marcha Federal es inminente si el Gobierno no cumple antes de octubre. El conflicto lleva más de 300 días sin resolución de fondo: el Gobierno promulgó la ley pero suspendió su aplicación práctica argumentando que primero hay que definir el financiamiento. La Corte Suprema ya había ordenado en 2025 el cumplimiento de la normativa, sin resultados concretos.
Financiamiento Universitario: el juez federal Martín Cormick intimó al Gobierno a cumplir con la medida cautelar que impone ejecutar las partidas presupuestarias previstas en la Ley 27.795 para gastos de funcionamiento, recomposición salarial, becas e investigación. pic.twitter.com/JsDlmdZ7Rm
— Palabras del Derecho (@blogdelderecho) September 22, 2026
