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El informe de ejecución presupuestaria de agosto de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) confirma que el Gobierno aplicó el mayor ajuste del año para sostener el superávit fiscal: el gasto primario cayó un 10,2% real interanual, mientras que los fondos destinados al pago de intereses de la deuda crecieron un 60,5% en el mismo período. La ecuación es clara: se recorta lo que llega a jubilados, empleados públicos y provincias para pagarle a los acreedores financieros.
Las partidas más golpeadas fueron las transferencias a provincias, que se desplomaron un 86,1% interanual, los programas sociales por fuera de la AUH con una baja del 40,6%, los servicios no personales del Estado con una caída del 17,2%, el gasto en personal público con un retroceso del 7,8% y las jubilaciones y pensiones con una caída del 10,1%. En agosto no se registraron transferencias en la partida de Pensiones No Contributivas por Invalidez. El resultado fue un superávit primario de $1,86 billones. Sin embargo, al incorporar los intereses de deuda, la Administración Pública cerró el mes con un déficit financiero de $690.000 millones.
La ASAP advirtió además que el superávit que exhibe el Gobierno no refleja los intereses capitalizables de las Letras del Tesoro (LECAP) y los Bonos Capitalizables (BONCAP). Si se aplicara el criterio contable convencional, el resultado financiero acumulado pasaría a ser deficitario, lo que deja al desnudo una contabilidad que, según el organismo técnico, omite parte de los compromisos reales del Estado.
