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El canciller Pablo Quirno presentó este lunes ante la Justicia Federal una denuncia penal de 19 páginas contra cinco empresas acusadas de avanzar en la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas sin habilitación de las autoridades argentinas.
La presentación, patrocinada por el procurador del Tesoro Sebastián Amerio, apunta contra Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., y también alcanza a todos los directores, gerentes, síndicos y representantes que hayan intervenido en las actividades investigadas.
La hipótesis oficial sostiene que las compañías no solo cuentan con licencias concedidas por autoridades británicas que Argentina no reconoce, sino que habrían dado pasos concretos para convertir esas autorizaciones en una operación extractiva real. El eje central de la denuncia es la reconstrucción del camino que llevó al proyecto Sea Lion —la mayor apuesta petrolera en la cuenca Malvinas Norte— desde la planificación hasta la ejecución material, luego de que las propias empresas anunciaran haber alcanzado la Decisión Final de Inversión.
El Gobierno pide que se investigue si la estructura corporativa encuadra en los delitos de asociación ilícita y lavado de activos, lo que habilitaría el rastreo de fondos en el exterior mediante asistencia jurídica mutua internacional y agravaría las penas para los directivos involucrados.
