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Desde diciembre de 2023, el Congreso argentino sesionó en un contexto de minoría parlamentaria del oficialismo, lo que obligó a La Libertad Avanza a negociar cada proyecto con aliados del PRO, la UCR y bloques provinciales. El resultado es un mapa legislativo que refleja tanto las prioridades del Gobierno como los límites de su poder en el Parlamento.
2024: el año de la Ley de Bases
En el primer año de gestión, el Congreso aprobó 44 leyes. La más importante fue la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley 27.742), conocida simplemente como Ley de Bases, que habilitó la reforma del Estado, el RIGI y la privatización de empresas públicas, entre otras medidas. En el plano fiscal, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes (Ley 27.743) reestableció el Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría y modificó Bienes Personales. El Registro Nacional de Datos Genéticos (Ley 27.759) completó el podio de las grandes iniciativas del año.
Pero 2024 también tuvo sus vetos. Milei rechazó la Ley de Financiamiento Universitario, que habría obligado al Ejecutivo a actualizar los presupuestos de las universidades nacionales en línea con la inflación, y la reforma de la fórmula de movilidad jubilatoria, que hubiera mejorado el cálculo de los haberes de los jubilados. Ambos vetos generaron protestas masivas y movilizaciones que se extendieron a lo largo de todo el año.
2025: año flojo en leyes, fuerte en tensiones
El segundo año de gestión fue legislativamente pobre: solo se aprobaron 13 leyes. Las más relevantes llegaron sobre el cierre del año: la Ley de Presupuesto 2026, que proyectó un superávit primario del 1,2% del PBI con una inflación estimada del 10%, y la Ley de Inocencia Fiscal I, que buscó incentivar la repatriación de dólares no declarados.
Pero el hecho más llamativo de 2025 fue que el Congreso revirtió tres vetos del Gobierno: el de la Ley de Financiamiento Universitario, el de la emergencia pediátrica y el de la emergencia en discapacidad. En los tres casos, la suma de los dos tercios necesarios para la insistencia se logró con votos de la oposición y de algunos aliados que tomaron distancia del Ejecutivo. El Gobierno, sin embargo, encontró la manera de bloquear la aplicación práctica de las tres leyes: las promulgó formalmente pero suspendió su implementación argumentando que primero había que definir el financiamiento. La maniobra fue cuestionada por constitucionalistas de distintas orientaciones.
2026: reformas estructurales y media sanción en serie
El tercer año arrancó con dos leyes aprobadas que marcarán el mercado laboral y el sistema penal juvenil por años. La Ley de Modernización Laboral (27.802) modificó la relación entre trabajadores y empleadores, flexibilizó condiciones de contratación y generó un conflicto con la CGT que todavía no se resolvió. El nuevo Régimen Penal Juvenil bajó la edad de imputabilidad y endureció las penas para menores, en una reforma que también generó posiciones encontradas entre especialistas en derecho penal y organizaciones de infancia.
En paralelo, el Gobierno acumuló media sanción en una serie de proyectos que todavía esperan la aprobación de la otra cámara. La Ley de Zonas Frías, que modifica el régimen de subsidios al gas, tuvo media sanción en Diputados pero aún no fue tratada en el Senado. El Súper RIGI amplía el régimen de incentivos a grandes inversiones a sectores de tecnología de frontera con estabilidad fiscal de 30 años. La Ley Hojarasca deroga normas consideradas obsoletas. La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada introduce mecanismos de desalojo exprés y modifica las restricciones a la compra de tierras por extranjeros —aunque el capítulo sobre extranjerización debió ser retirado por falta de votos en el Senado—. La Inocencia Fiscal II amplía el régimen de formalización de ahorros no declarados. Y la Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, aprobada en Diputados la semana pasada, prohíbe el financiamiento del Tesoro por emisión y endurece las condiciones para remover a las autoridades del organismo.
Lo que viene
Para lo que resta del año, el Gobierno tiene una agenda ambiciosa. En el plano electoral, busca eliminar o suspender las PASO para 2027, un proyecto que enfrenta resistencia transversal. En lo económico, apunta a una Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria y a una reforma tributaria más amplia. En educación, la Ley de Libertad Educativa es uno de los proyectos más polémicos de la agenda, junto con cambios en la Ley de Salud Mental y en el financiamiento universitario. En política exterior, el Gobierno busca firmar un Acuerdo de Comercio e Inversión con Estados Unidos y la adhesión argentina al Consejo de Paz impulsado por Trump. También quiere instalar el debate sobre la explotación de tierras raras e impulsar la desregulación del corretaje inmobiliario y la adhesión a un tratado internacional de patentes.
