El Gobierno nacional resolvió, al menos por ahora, no incluir en la agenda del Congreso la derogación de la Ley de Defensa de la Actividad Librera —conocida como Ley de Precio Fijo o Ley del Libro—, que había sido impulsada por el ministro Federico Sturzenegger como parte de su nuevo paquete de desregulación. La iniciativa buscaba eliminar la obligación de vender los libros al precio fijado por las editoriales, habilitando a grandes cadenas y supermercados a aplicar descuentos sin restricciones.
La decisión de frenar el proyecto responde a la evaluación política que hizo la mesa que conduce Karina Milei sobre los costos de seguir avanzando con un paquete de reformas que genera resistencias crecientes en el Congreso y en la sociedad.
La Ley de Precio Fijo tiene defensores en todos los espacios políticos: el sector editorial, las librerías independientes y una parte importante de la comunidad cultural la ven como una herramienta clave para sostener la diversidad del mercado del libro y evitar que las cadenas y los supermercados concentren las ventas con estrategias de precio que las librerías chicas no pueden igualar.
