El Ejecutivo acordó este martes una salida al conflicto portuario que paralizó durante más de 24 horas los principales puertos del país: suspendió la aplicación del Decreto 690/2026, que desreguló el servicio de practicaje y pilotaje, y se comprometió a conformar una mesa de trabajo con el sector para revisar la norma.
Como contrapartida, el Gobierno negoció una baja del 20% en las tarifas de practicaje, que los profesionales aceptaron como parte del acuerdo. Con eso sobre la mesa, los prácticos levantaron el cese de actividades y los puertos comenzaron a retomar operaciones de manera progresiva.
El conflicto había comenzado el lunes cuando más de 150 buques quedaron varados en las terminales de Campana, Dock Sud, San Lorenzo, Arroyo Seco, Bahía Blanca, Santa Cruz y Caleta Córdova, afectando la exportación de granos, el abastecimiento de combustibles y las operaciones del proyecto Vaca Muerta Oil Sur. La Prefectura Naval había intimado a 536 trabajadores a retomar actividades bajo amenaza de aplicar el Código Penal.
La solución llegó antes de que el conflicto se extienda al tercer día, pero dejó una señal clara: la implementación del decreto fue apresurada y sin ningún proceso de diálogo previo con el sector, lo que aceleró el estallido. La mesa de trabajo que se conformará deberá renegociar los términos de una reforma que el Gobierno no abandona pero que claramente no tenía consenso suficiente para aplicarse de manera inmediata.
