Un nuevo grupo de 11 migrantes deportados por Estados Unidos llegó esta semana a Eswatini, un pequeño reino del sur de África de apenas 1,2 millones de habitantes, como parte del programa impulsado por la administración de Donald Trump para enviar extranjeros a países distintos de aquellos de los que son ciudadanos.
La llegada eleva a 29 el número de personas trasladadas a Eswatini desde que ambos gobiernos firmaron el acuerdo bilateral, valuado en 5,1 millones de dólares. Según confirmó a Reuters la abogada Alma David, que representa a varios de los deportados, los recién llegados fueron trasladados directamente a la prisión de máxima seguridad de Matsapha, uno de los complejos penitenciarios más grandes del país. Hasta el momento, únicamente dos personas lograron abandonar Eswatini: una fue repatriada a Jamaica y otra a Camboya. Las otras 27 continúan detenidas.
El horror de la prisión de Eswatini
El lugar elegido para alojarlos es parte central de la controversia. El Centro Correccional de Matsapha, ubicado a las afueras de Mbabane, la capital administrativa de Eswatini, es una prisión de alta seguridad con una larga reputación represiva. Durante décadas fue utilizada para encerrar a críticos del gobierno y activistas prodemocráticos en la última monarquía absoluta de África. Un exrecluso entrevistado por AFP la describió como “la ley del más fuerte” y dijo que era un lugar que “no le desearía ni a mi peor enemigo”.
Según una investigación de AFP reproducida por Swissinfo, los deportados enviados por Estados Unidos permanecen detenidos sin cargos y sin acceso a asesoramiento legal. Entre ellos figura el cubano Roberto Mosquera del Peral, quien inició una huelga de hambre para reclamar su regreso a Cuba. Tres fuentes de la prisión indicaron a AFP que al rechazar alimentos, había sido trasladado a un hospital antes de ser devuelto al penal.
La rutina carcelaria refuerza el aislamiento. De acuerdo con el testimonio recogido por AFP, los presos se duchan a las 5 de la mañana, desayunan una hora más tarde, trabajan o asisten a clases durante el día y son encerrados en sus celdas desde las 16 hasta las 5 del día siguiente. Para personas enviadas desde Estados Unidos a un país donde no tienen familia, idioma compartido ni red de apoyo, esa detención funciona como una segunda condena: ya no solo fueron expulsadas, sino colocadas en una prisión extranjera sin fecha clara de salida.
El acuerdo con Washington permitió a Eswatini aceptar hasta 160 deportados a cambio de 5,1 millones de dólares destinados a reforzar sus sistemas fronterizos y migratorios. Parte de esos fondos habría financiado nuevos bloques dentro de Matsapha, donde se encuentran los deportados. Aunque esas celdas tienen baños individuales y televisores, sus paredes transparentes permiten vigilancia constante. En octubre, la cárcel alojaba a más de 1.560 reclusos, y el propio rey Mswati III ordenó liberaciones anticipadas para aliviar el hacinamiento.
Además de Eswatini, la administración estadounidense concretó acuerdos de este tipo con Costa Rica, Panamá, El Salvador, México, Ruanda y, más recientemente, con la República Centroafricana, Sierra Leona, Guinea Ecuatorial y la República del Congo. Según organizaciones especializadas que monitorean estas transferencias, también hubo conversaciones con otros gobiernos africanos y asiáticos para ampliar la red de destinos disponibles. México continúa siendo, por amplio margen, el país que más personas recibe bajo este esquema, mientras Costa Rica mantiene un programa regular para albergar temporalmente migrantes provenientes principalmente de Asia, África y Europa oriental.
El caso de Eswatini resulta especialmente llamativo por las características del país. Se trata de un reino gobernado desde 1986 por el rey Mswati III, uno de los últimos monarcas absolutos del mundo. El país mantiene un sistema penitenciario que ha sido cuestionado por organismos internacionales debido a denuncias sobre hacinamiento, deficiencias sanitarias y restricciones al acceso de observadores independientes.
El drama de los deportados a países lejanos que no conocen
Para muchos de los deportados, el traslado implica mucho más que un cambio de país. Varias de estas personas vivían desde hacía décadas en Estados Unidos, habían formado familias allí y ya habían cumplido las condenas penales que motivaron sus procesos de expulsión. Sin embargo, al negarse sus países de origen a readmitirlos o ante la imposibilidad diplomática de concretar el regreso, terminaron enviados a un Estado con el que no tienen ningún vínculo personal, cultural o lingüístico.
Abogados que representan a los migrantes sostienen que muchos desconocían cuál sería su destino hasta pocas horas antes del vuelo. Una vez en Eswatini, permanecen incomunicados durante largos períodos y con posibilidades muy limitadas de mantener contacto con familiares que continúan viviendo en Estados Unidos. También denuncian que las autoridades locales no les informan cuánto tiempo permanecerán detenidos ni cuál será finalmente su destino.
Las críticas no provienen únicamente de los abogados. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras organizaciones especializadas en migraciones consideran que este modelo de deportaciones puede vulnerar principios básicos del derecho internacional al trasladar personas a países donde nunca residieron y con los que no mantienen ningún lazo. También cuestionan la falta de transparencia de los acuerdos firmados por Washington y los gobiernos receptores, cuyos términos económicos y jurídicos en muchos casos permanecen reservados.
El gobierno estadounidense sostiene una posición diferente. El Departamento de Seguridad Nacional argumenta que estos acuerdos permiten ejecutar órdenes de deportación cuando los países de origen rechazan recibir a sus ciudadanos y asegura que las personas enviadas a terceros países corresponden a casos considerados prioritarios por antecedentes penales graves o riesgos para la seguridad pública. Las autoridades de Eswatini, por su parte, afirman que los derechos fundamentales de los migrantes serán respetados durante su permanencia y que la colaboración responde tanto a compromisos internacionales como a intereses de cooperación bilateral.
Mientras continúan llegando nuevos vuelos, el programa estadounidense de deportaciones hacia terceros países comienza a consolidarse como uno de los cambios más profundos de la política migratoria de Washington en los últimos años. Para los gobiernos que aceptan estos acuerdos representa una nueva fuente financiera. Para quienes son trasladados, en cambio, significa empezar nuevamente en un país desconocido, separado por miles de kilómetros del lugar donde construyeron su vida y, muchas veces, sin saber cuándo podrán volver a ver a sus familias.
