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Este martes 26 de mayo a las 12 h se realizará un reclamo con clases abiertas frente al Palacio de Tribunales, para pedir al Máximo Tribunal de la Nación que se expida a la brevedad sobre la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada e insistida por el Congreso de la Nación y ratificada en dos instancias judiciales.
La actividad, prevista para el mediodía del martes en Plaza Lavalle, está organizada por la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) y la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), centrales que representan a docentes, nodocentes y estudiantes de esta casa de altos estudios.
El politólogo y profesor Luis Tonelli se referirá a “La República y sus tres poderes”, mientras que el abogado y profesor Cristian Cao disertará frente a la comunidad universitaria sobre “Derecho Constitucional”.
Luis Tonelli es profesor de Política Argentina en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde fue director de la carrera de Ciencia Política durante tres gestiones. Estuvo al frente de la Cátedra de Estudios Argentinos de la Universidad de Salamanca, fue becario Chevening para Altos Estudios en el Reino Unido y becario del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Cristian Cao es abogado, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de la Facultad de Derecho de la UBA. Es magíster en Administración Pública y en Estudios Superiores en Derecho Constitucional. Se desempeña también como investigador del CONICET y es autor de múltiples artículos jurídicos y libros.
Esta actividad se enmarca en un nuevo reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario que compromete seriamente el funcionamiento de las universidades, la calidad de la educación pública y está llevando indefectiblemente al ahogo del sistema de salud y la paralización de la investigación científica que en este ámbito se desarrolla.
La educación pública universitaria constituye un orgullo de la sociedad argentina, sustentada en los principios de gratuidad, autonomía, inclusión social y excelencia académica, que requieren para su sostenimiento un financiamiento adecuado.
El camino de la ley de Financiamiento Universitario
La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario —aprobada por el Congreso de la Nación en 2025— tiene por objeto garantizar el sostenimiento del sistema universitario nacional y la recuperación del poder adquisitivo de sus trabajadores y trabajadoras.
A la fecha, el Poder Ejecutivo Nacional continúa sin cumplirla, afectando gravemente el normal desarrollo de las funciones de docencia, investigación, extensión y asistencia a la salud.
Por ese motivo, las universidades nacionales recurrieron a la vía judicial a fin de garantizar la vigencia de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario, obteniendo pronunciamientos favorables tanto en primera instancia como en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Allí se ordenó al Poder Ejecutivo Nacional cumplir con lo dispuesto en los artículos 5° y 6° de la Ley N.º 27.795, reafirmando la plena vigencia de la norma y la obligación del Estado de garantizar el financiamiento del sistema universitario.
El pasado 7 de mayo, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal concedió un recurso extraordinario ante una nueva solicitud del Gobierno Nacional, autorizando a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea quien decida si mantiene o revoca la medida cautelar que favorece a las universidades nacionales y ordena adoptar medidas vinculadas con la actualización de los salarios del personal docente y nodocente de las universidades nacionales, así como de las becas estudiantiles.
A partir de esa resolución, el expediente está bajo análisis del máximo tribunal del país, motivo por el cual las universidades resolvieron presentar un pedido institucional para acelerar una definición judicial. Asimismo, solicitaron que el juez de primera instancia se pronuncie sobre la cuestión de fondo vinculada al cumplimiento de la ley, reiterando que es indispensable avanzar con la aplicación plena de la norma.
