El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ordenó aplicar el régimen de actualización de créditos de la Ley de Modernización Laboral en una causa por despido contra el Banco Hipotecario. La decisión, adoptada por mayoría, revocó una sentencia de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
El fallo corresponde al expediente de María Laura Souto contra la entidad bancaria. El banco había recurrido la decisión de la Cámara, que disponía actualizar el crédito mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un interés puro del 3% anual.
El tribunal porteño resolvió que los intereses y la actualización se calculen conforme al artículo 55 de la ley 27.802, vigente desde el 6 de marzo de 2026. Esa disposición regula los juicios que estaban en trámite y sin sentencia definitiva al entrar en vigor la norma.
Una fórmula con piso y techo
Según la reconstrucción del fallo publicada por La Nación, el mecanismo utiliza la tasa pasiva del Banco Central. El resultado tiene como techo el monto que surge de actualizar el capital por el IPC más un 3% anual, y como piso el 67% de esa misma fórmula.
La trabajadora había cuestionado la constitucionalidad del artículo. La mayoría rechazó ese planteo y consideró que el Congreso podía establecer un régimen transitorio para las causas pendientes.
La decisión define la regla de actualización aplicable al crédito de este expediente. El piso y el techo legales deben calcularse en cada caso, de acuerdo con los montos y los períodos correspondientes.
Cómo votaron los jueces
Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés Weinberg respaldaron la validez del régimen, según informó La Nación. Luis Francisco Lozano y Alicia Ruiz votaron en disidencia.
La mayoría sostuvo que el mecanismo no vulnera la igualdad ni el derecho de propiedad. La disidencia consideró que el trato previsto para los créditos laborales perjudica a los trabajadores frente a otros acreedores.
La resolución se suma al debate judicial sobre la forma de preservar el valor de las indemnizaciones entre el momento en que debieron pagarse y su cobro efectivo.
Fuente consultada: La Nación.


