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Juan Grabois en una foto de archivo. MARIANO SANCHEZ/NA.
Claves: debido proceso, Investigación judicial, Protesta social

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

El juez Ramos rechazó devolver el celular de Grabois por la toma del Instituto Perón

El teléfono permanece secuestrado desde el operativo de junio de 2025 y la extracción de datos sigue pendiente. La defensa cuestiona la retención y niega que el diputado haya organizado la ocupación.
287 palabras · 2 minutos de lectura
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El juez federal Sebastián Ramos rechazó un nuevo pedido de Juan Grabois para recuperar el teléfono celular secuestrado en la causa por la ocupación del Instituto Perón. La decisión mantiene el aparato bajo custodia judicial mientras se discuten las medidas para extraer su información.

Según la reconstrucción de Infobae, el equipo fue secuestrado durante el operativo de desalojo del 7 de junio de 2025. Al 18 de noviembre de 2026 transcurrieron 529 días: un año, cinco meses y once días. La extracción de los datos continúa pendiente.

Ramos sostuvo que el procesamiento no puso fin a la investigación y que todavía faltan diligencias para identificar a otras personas que pudieron haber intervenido. La pesquisa busca determinar si el contenido del teléfono aporta elementos sobre instrucciones o convocatorias durante el ingreso al edificio estatal.

El planteo de la defensa

El abogado Nicolás Rechanik sostuvo que, después del procesamiento, la retención del equipo había perdido su finalidad. Como alternativa, pidió que Grabois pudiera conservarlo como depositario judicial mientras se resuelve el planteo de nulidad relacionado con el peritaje.

La defensa también invocó la actividad profesional y política del diputado y objetó la afectación de su privacidad. Ramos reconoció que el examen puede implicar una intromisión significativa y señaló que deberán evaluarse su alcance y su utilidad para el expediente.

Grabois está procesado por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, no condenado. La causa se originó en la ocupación del inmueble de la calle Austria tras el cierre del organismo dispuesto por el Gobierno.

La defensa afirma que acudió como abogado de una cooperativa vinculada con el bar lindero y niega que haya organizado la ocupación. El Ministerio de Capital Humano participa como querellante.

Fuentes: Infobae y Clarín.

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