La Corte Suprema de Justicia aprobó un protocolo médico para evaluar los pedidos de prisión domiciliaria por razones de salud de personas detenidas en cárceles federales. La guía busca que las pericias combinen el examen de la persona con la verificación de las condiciones reales del establecimiento para brindarle el tratamiento que necesita.
La medida quedó formalizada en la Resolución 2867/2026, firmada el 12 de noviembre por Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz y publicada este lunes en el Boletín Oficial. El documento fue elaborado por el Cuerpo Médico Forense a partir de un encargo de la propia Corte.
El protocolo alcanza a personas mayores de 18 años, condenadas o procesadas, alojadas en unidades del Servicio Penitenciario Federal. Contempla tres situaciones previstas por la legislación: una enfermedad que la detención impida tratar adecuadamente, una enfermedad incurable en etapa terminal y una discapacidad que vuelva inadecuadas las condiciones de encierro.
Salud y condiciones de detención
La evaluación debe reconstruir la historia clínica, los tratamientos indicados y las necesidades de atención médica, odontológica y de salud mental. También debe comprobar si la unidad puede sostener esa atención de manera oportuna y continua: desde la entrega de medicamentos y las dietas hasta las guardias, la accesibilidad y los traslados a hospitales.
La guía exige contrastar la información del establecimiento con otras fuentes disponibles, como informes de la Procuración Penitenciaria, la Defensoría General y los equipos de ejecución penal. Advierte que la existencia de un recurso en los papeles debe acompañarse de su accesibilidad efectiva.
Las conclusiones periciales tendrán categorías comunes según la posibilidad de realizar el tratamiento en la unidad, en otra dependencia o fuera del ámbito penitenciario. También se dejará constancia cuando la información disponible resulte insuficiente para evaluar el caso.
La decisión sobre la prisión domiciliaria corresponde al juez. El protocolo fija un método de evaluación y aporta el fundamento sanitario para resolver cada pedido, dentro de las causales que ya establece la ley.
Los supuestos basados exclusivamente en la edad superior a 70 años, el embarazo o el cuidado de niños pequeños siguen su régimen legal. Cuando se sumen problemas de salud comprendidos en la guía, la evaluación médica se hará con estas pautas.
Fuentes: Corte Suprema, Resolución 2867/2026 y protocolo anexo; Boletín Oficial del 16 de noviembre, página 24.



