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52 agentes y exagentes del Servicio Penitenciario Federal fueron enviados a juicio oral por presuntas torturas y otros delitos contra detenidos del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Los hechos investigados ocurrieron en junio de 2019, durante una requisa en el Pabellón B de la Unidad Residencial III y en los días de aislamiento que siguieron al operativo.
El juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte rechazó las oposiciones de las defensas, clausuró la instrucción y ordenó remitir el expediente a un Tribunal Oral Federal de La Plata que será sorteado, según informó La Nación, que accedió a la resolución. La decisión abre la etapa de debate oral, donde se examinarán las responsabilidades de cada acusado.
La investigación fue impulsada por la fiscal federal Cecilia Incardona y el fiscal general Alberto Gentili, titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin). La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), el organismo de control de las condiciones de detención en cárceles federales, interviene como querellante.
Requisa, lesiones y aislamiento
El caso comenzó el 9 de junio de 2019, cuando internos del pabellón protestaron por cambios en el régimen de visitas. La acusación sostiene que, tras el incendio de colchones, un cuerpo extraordinario de requisa ingresó con escopetas, gases y elementos de protección, y ejerció violencia incluso después de que los detenidos habían sido reducidos.
La PPN detalló al informar los procesamientos confirmados en 2025 que la investigación comprende golpes, disparos con munición no letal y uso de gases lacrimógenos, incluidos los arrojados por la mirilla y una ventana de la celda 10. El Cuerpo Médico Forense constató lesiones en 15 internos, de acuerdo con la resolución reseñada por La Nación.
La acusación también abarca el régimen posterior de aislamiento: los presos permanecieron encerrados en sus celdas entre 20 y 23 horas diarias, con restricciones de comida y agua y graves deficiencias sanitarias. Ese régimen se extendió hasta el 13 de junio, cuando una visita del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles constató la situación, según el antecedente publicado por la PPN.
Autoridades y médicos entre los acusados
La causa alcanza a responsables de la unidad, jefes de turno, personal de requisa y seguridad interna y dos médicos. Las imputaciones incluyen torturas, omisión de impedirlas, incumplimiento de deberes y falsificación de documentos, con distintas atribuciones según la intervención de cada persona.
Rodríguez Ponte también dispuso la inhibición general de bienes de los acusados. El expediente será remitido al tribunal que resulte sorteado para organizar el debate oral y público.
Foto de archivo: exterior del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, Servicio Penitenciario Federal / Argentina.gob.ar, licencia CC BY 4.0. Conversión de PNG a JPEG para web, sin cambios en el encuadre. La fuente no informa la fecha de toma.
