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La fiscal federal Paloma Ochoa pidió investigar si se utilizaron fondos públicos para facilitar el ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina y su posterior salida hacia Estados Unidos desde Puerto Iguazú. El requerimiento fue presentado ante la jueza María Eugenia Capuchetti, que deberá definir el curso de la causa y las medidas de prueba.
El planteo no supone que se haya probado un desvío de recursos ni que exista una decisión judicial sobre la responsabilidad de los funcionarios denunciados. Busca determinar qué ocurrió durante el traslado del senador brasileño y si hubo alguna intervención irregular de autoridades argentinas.
Qué se busca esclarecer
La semana pasada, Capuchetti había ordenado medidas preliminares, entre ellas preservar filmaciones del puente internacional, de Migraciones y del aeropuerto de Puerto Iguazú. También pidió al Gobierno información sobre posibles alertas o impedimentos para el ingreso del dirigente brasileño.
Bolsonaro llegó a la Argentina con su esposa y sus hijas después de perder la elección presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Partió luego en un vuelo privado hacia Estados Unidos, con escala en Guayaquil, Ecuador. El caso se abrió a partir de una denuncia del dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra Javier Milei y otros funcionarios.
Las presentaciones mencionan posibles delitos de encubrimiento, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y uso irregular de caudales públicos. Son hipótesis de los denunciantes que deben ser examinadas en el expediente, no hechos establecidos por una sentencia.
Dos planos de investigación
El expediente de Comodoro Py debe distinguirse de la actuación en Misiones sobre las condiciones de ingreso al país. La ausencia de un impedimento migratorio no responde por sí sola a la pregunta sobre si se usaron recursos estatales en el operativo.
En Brasil, el senador enfrenta investigaciones judiciales. Su permanencia en el exterior tampoco le quitó automáticamente su banca: como contó Cíclico en la cobertura de su participación remota en el Senado, mantiene su mandato mientras se discuten las consecuencias de su ausencia.
